Caracas, 15 de marzo – La líder opositora venezolana María Corina Machado ha lanzado una dura advertencia sobre la aplicación de la Ley de Amnistía aprobada recientemente por la Asamblea Nacional, denunciando que su implementación “selectiva” por parte de las autoridades no es más que una nueva herramienta de represión política. En un mensaje contundente difundido a través de sus redes sociales, Machado acusó al régimen de Delcy Rodríguez de buscar prolongar el clima de terror con el objetivo de desmoralizar a quienes luchan por la democracia y la libertad en Venezuela, asegurando que el país se encuentra “tan cerca” de alcanzar esos objetivos.
La dirigente opositora argumentó que la negación de la amnistía a ciertos individuos, basándose en criterios arbitrarios, constituye una flagrante violación de los principios de justicia y un intento de demostrar un poder y control inexistentes. “El régimen cree que a través de su ‘justicia’ selectiva demuestra que tiene poder y control. Los venezolanos sabemos que en realidad ellos temen a una nación que ha decidido ser libre”, declaró Machado, enfatizando la determinación del pueblo venezolano de alcanzar su libertad.
Machado subrayó que, a pesar de los obstáculos y abusos, la oposición venezolana se mantiene firme en su propósito. “No podrán”, afirmó, “Venezuela decidió ser libre. Hemos avanzado muchísimo, y ahora todo se acelera. Hoy, con cada abuso del régimen no nos paralizan, sino que se fortalece la convicción de que este proceso es indetenible”.
La denuncia de Machado se centra particularmente en el caso de Perkins Rocha, su abogado y representante del Comando con Venezuela durante el polémico proceso electoral del 28 de julio de 2024, que la oposición considera fraudulento. Rocha, según la líder opositora, fue “secuestrado” por el régimen durante 17 meses debido a la “potencia y precisión” de sus palabras y su defensa de la verdad. A pesar de su liberación, Rocha permanece bajo arresto domiciliario con un grillete electrónico en el tobillo y se le ha negado la amnistía.
“Perkins Rocha y todos los presos políticos deben estar plenamente libres. No excarcelados, no judicializados: ¡Libres!”, exigió Machado, reiterando la necesidad de una liberación completa e incondicional de todos los detenidos políticos en Venezuela.
La situación de Rocha ha generado una ola de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y defensores de la libertad. El Foro Penal, una ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos en Venezuela, ha informado que desde el anuncio de excarcelaciones el 8 de enero de 2026, se han contabilizado un total de 690 liberaciones de presos políticos. Sin embargo, el Foro Penal también ha denunciado la aplicación selectiva de la ley de amnistía, calificando la negación de la amnistía a Perkins Rocha como “absolutamente injustificable y una grave violación de los derechos humanos”.
Alfredo Romero, presidente del Foro Penal, ha expresado su preocupación por la falta de transparencia y la arbitrariedad en la aplicación de la ley, señalando que la amnistía debería ser un instrumento de reconciliación nacional y no una herramienta para la persecución política.
Las autoridades venezolanas, por su parte, afirman que más de 7.365 personas han obtenido la “libertad plena” gracias a la ley de amnistía, la cual fue aprobada el pasado 20 de febrero y permite la excarcelación de personas que hayan cometido delitos desde 1999. El gobierno ha informado que se han recibido 1.557 solicitudes de amnistía, aunque la aplicación de la ley se basa en trece eventos específicos recogidos en el artículo 8 del texto legal.
Estos eventos incluyen el golpe de Estado de abril de 2002 contra el expresidente Hugo Chávez, el paro petrolero entre 2002 y 2003, el referéndum revocatorio contra Chávez en 2004, y diversas protestas antigubernamentales ocurridas en 2007, 2013, 2017 y 2024. La inclusión de estos eventos en la ley ha sido criticada por algunos sectores de la oposición, quienes argumentan que la ley busca legitimar acciones represivas del pasado y proteger a los responsables de violaciones de derechos humanos.
La controversia en torno a la Ley de Amnistía refleja la profunda polarización política que atraviesa Venezuela y la desconfianza de la oposición hacia las intenciones del gobierno. La advertencia de María Corina Machado sobre la aplicación selectiva de la ley plantea serias dudas sobre la efectividad de la amnistía como herramienta para la reconciliación nacional y la restauración de la democracia en el país. La comunidad internacional observa de cerca la situación, instando a las autoridades venezolanas a garantizar una aplicación justa y transparente de la ley, respetando los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los ciudadanos. El caso de Perkins Rocha se ha convertido en un símbolo de la lucha por la libertad y la justicia en Venezuela, y su liberación incondicional se ha convertido en una demanda urgente para la oposición y las organizaciones de derechos humanos.
