Panamá se suma a un grupo de países latinoamericanos que rechazan el pedido de la presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro, de iniciar un nuevo recuento de votos de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 30 de noviembre.
A través de un comunicado conjunto, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana reafirmaron su reconocimiento a la proclamación de Nasry Asfura como presidente electo, cuyo triunfo, aseguran, fue validado por observadores internacionales.
Los países firmantes también condenaron los actos de violencia política ocurridos en Honduras y exhortaron a todas las fuerzas políticas a respetar el orden democrático y garantizar una transición pacífica.
Panamá se sumó este domingo a este pronunciamiento, adhiriéndose al manifiesto regional que rechaza el pedido de Xiomara Castro de iniciar un nuevo escrutinio de los votos, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya había declarado a Asfura como el ganador de los comicios.
El CNE proclamó el 24 de diciembre a Nasry Asfura, del Partido Nacional, como presidente electo con el 40,26% de los votos, seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,54%, mientras que la candidata del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, obtuvo el 19,19% de los sufragios.
Los países de la región reafirmaron su reconocimiento a este resultado, argumentando que las elecciones fueron validadas por misiones internacionales que "confirmaron la voluntad de millones de hondureños".
La solicitud de Xiomara Castro de un nuevo recuento de votos se produjo el pasado sábado, tras una reunión del Consejo de Ministros, en la que instó al CNE a iniciar "de inmediato" este proceso, a pesar de que el ente electoral ya había declarado a los ganadores de los comicios.
Este pedido de la presidenta electa ha sido rechazado por los países de la región, quienes han manifestado su preocupación por los actos de violencia política registrados en Honduras y han exhortado a todas las fuerzas políticas a respetar el orden democrático y garantizar una transición pacífica.










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