La región del Catatumbo, en el noreste de Colombia, se ha visto nuevamente envuelta en un escalamiento del conflicto armado, con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las FARC reactivando sus acciones bélicas en la zona. Diógenes Quintero, representante de la curul de paz del Catatumbo, ha descrito la grave situación que vive la población civil, enfrentada a los efectos devastadores de los enfrentamientos y las actividades económicas que sustentan a estas comunidades.
El Catatumbo, una zona estratégica por su riqueza en recursos naturales y su cercanía a la frontera con Venezuela, ha sido históricamente escenario de disputa entre diversos grupos armados. Tras los acuerdos de paz firmados en 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC, se esperaba una disminución de la violencia en la región. Sin embargo, el ELN y el Frente 33, una disidencia de las FARC, han retomado sus acciones, generando un nuevo ciclo de confrontación.
Según Quintero, la situación actual se caracteriza por constantes enfrentamientos entre estos grupos, que ponen en riesgo la seguridad y la integridad de la población civil. "Las comunidades se ven afectadas por los bloqueos de vías, los ataques a la infraestructura y los desplazamientos forzados", señaló el representante de la curul de paz.
Además de la violencia directa, las actividades económicas que sostienen a las comunidades del Catatumbo también se han visto gravemente impactadas. "La extracción ilegal de recursos naturales, como el petróleo y la minería, así como los cultivos de uso ilícito, son algunas de las fuentes de financiación de estos grupos armados", explicó Quintero.
Ante esta situación, el representante de la curul de paz hizo un llamado urgente a la implementación de mínimos humanitarios que protejan a la población civil. "Necesitamos que se respeten los derechos de las comunidades, que se garantice el acceso a servicios básicos y que se brinden alternativas económicas legales y sostenibles", enfatizó.
El conflicto en el Catatumbo es un reflejo de la compleja realidad que vive Colombia, donde la violencia y la disputa por el control de recursos y territorios siguen siendo una amenaza constante para la población. Mientras tanto, las comunidades locales claman por una solución duradera que les permita vivir en paz y con dignidad.
