Consejero regional de Pataz asegura que Ugel Pataz lo protege de destitución por sentencia pendiente

El consejero regional por la provincia de Pataz y docente de profesión, Luis Rodríguez Ponce, aseguró que la Unidad de Gestión Educativa (Ugel) Pataz ha emitido un informe en el que concluye que es imposible que lo destituyan del cargo de profesor, debido a que la sentencia de tres años de pena privativa de la libertad suspendida que dictó en su contra el Poder Judicial por el presunto delito de falsedad ideológica (presunto título falso) ha sido apelada y se encuentra en trámite.

En declaraciones a la prensa, Rodríguez Ponce aclaró que no están pidiendo su destitución como han afirmado algunos medios digitales, sino que el Ministerio de Educación solicitó al director de la Ugel-Pataz, Iván Cruzado Rivera, un informe sobre las acciones administrativas adoptadas tras la sentencia judicial.

"Con fecha 23 de diciembre de 2025, la Ugel (Pataz) emitió un informe al Ministerio de Educación en el que le dice que no puede darse una destitución ni tomar ninguna otra sanción administrativa, mientras el caso se encuentre en apelación y no haya una resolución en segunda instancia. En ningún momento han pedido que me destituyan como dicen algunos medios", acotó el consejero regional.

La situación de Rodríguez Ponce se remonta a una sentencia de tres años de pena privativa de la libertad suspendida que dictó en su contra el Poder Judicial por el presunto delito de falsedad ideológica, relacionado con un supuesto título falso. Sin embargo, el consejero regional asegura que este caso se encuentra en proceso de apelación, lo que impide que la Ugel Pataz pueda tomar acciones administrativas en su contra.

Según Rodríguez Ponce, el Ministerio de Educación solicitó a la Ugel Pataz un informe sobre las medidas adoptadas tras la sentencia judicial, pero la unidad educativa concluyó que no puede proceder a la destitución del consejero regional mientras el caso se encuentre en trámite de apelación.

Este caso pone de manifiesto la complejidad de los procesos judiciales y administrativos que pueden enfrentar los funcionarios públicos, y la importancia de respetar los procedimientos legales antes de tomar acciones definitivas. Será importante seguir de cerca la evolución de este caso y las decisiones que se tomen en las instancias judiciales y administrativas correspondientes.