La muerte de Renee Good, una mujer estadounidense de 37 años, a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en Mineápolis, ha desatado una intensa polémica legal y política en el estado de Minnesota.
El incidente ocurrió el pasado 7 de enero, cuando las autoridades federales llevaban a cabo una redada migratoria en la ciudad. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el agente identificado como Jonathan Ross disparó contra Good después de que esta intentara atropellarlo con su vehículo.
Sin embargo, expertos en derecho cuestionan la versión oficial y afirman que el agente podría enfrentar cargos penales, incluso por delitos tan graves como homicidio involuntario o asesinato. Emmanuel Mauleón, especialista en derecho policial de la Universidad de Minnesota, explicó que los agentes federales no cuentan con "inmunidad absoluta", como aseguró el vicepresidente JD Vance.
"Esa protección no se aplica a este tipo de funcionarios", subrayó Mauleón, quien señaló que el agente solo podría invocar la llamada "inmunidad de supremacía" si actuó de forma legal, necesaria y proporcional al cumplir la ley federal.
La fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, también negó que el agente esté exento de responsabilidad penal y recalcó que el caso permanece bajo investigación. Asimismo, las autoridades estatales y municipales han denunciado que el Gobierno federal les ha negado el acceso al expediente, lo que genera preocupación por una investigación poco transparente.
El caso ha provocado protestas en Minnesota contra las redadas migratorias, mientras que la Administración de Donald Trump ha defendido la actuación del agente, afirmando que este actuó en defensa propia. No obstante, expertos legales advierten que, si hay dudas sobre la legalidad del uso de fuerza letal, el agente podría enfrentar cargos tanto a nivel estatal como federal.
