El gobierno de Estados Unidos ha ampliado la lista de países cuyos ciudadanos deben pagar una fianza elevada para poder solicitar una visa de ingreso al país. Esta política, conocida como "fianzas migratorias", es parte de los esfuerzos del gobierno para controlar la inmigración y asegurar que los solicitantes de visa tengan los recursos suficientes para regresar a sus países de origen.
La medida afecta a varios países, entre los que se encuentran Argelia, Benín, Burkina Faso, China, Congo, Eritrea, Gambia, Ghana, Guyana, India, Irán, Irak, Kenia, Laos, Liberia, Libia, Mauritania, Mongolia, Marruecos, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Pakistán, Senegal, Sri Lanka, Sudán del Sur, Siria, Túnez y Yemen.
Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, los ciudadanos de estos países deberán pagar una fianza que puede ir desde los $5,000 hasta los $15,000 dólares, dependiendo del país de origen y el tipo de visa solicitada. Estas fianzas deben ser pagadas antes de que se procese la solicitud de visa.
La justificación del gobierno estadounidense para esta medida es que busca asegurar que los solicitantes de visa tengan los recursos económicos suficientes para regresar a sus países de origen una vez que su estadía en Estados Unidos haya terminado. Esto, según las autoridades, ayudará a reducir la cantidad de personas que se quedan en el país de forma ilegal después de que su visa haya expirado.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y grupos de defensa de los inmigrantes han criticado fuertemente esta política, argumentando que crea barreras injustas para las personas de bajos recursos que buscan ingresar a Estados Unidos de forma legal. Además, señalan que la medida podría tener un impacto desproporcionado en ciudadanos de países en desarrollo.
"Esta política es una forma de discriminación disfrazada de control migratorio. Está diseñada para cerrar las puertas a personas de ciertos países, especialmente aquellos con menores recursos económicos", afirmó Juana Flores, directora de una organización de defensa de inmigrantes.
Por su parte, el gobierno de Estados Unidos ha defendido la medida, argumentando que es necesaria para mantener la integridad del sistema de visas y asegurar que los solicitantes cumplan con los requisitos de inmigración.
