El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado que su gobierno planea iniciar operaciones "por tierra" contra los cárteles de la droga que operan en México. Según Trump, estas organizaciones criminales "están controlando México", y su expansión y violencia representan una amenaza directa a la seguridad estadounidense.
En una entrevista reciente con Fox News, Trump afirmó que México está "siendo controlado" por estos grupos delictivos y que su administración está considerando acciones militares para enfrentarlos. Sin embargo, no proporcionó detalles concretos sobre cuándo empezarían estas operaciones, cómo se ejecutarían ni si contaría con aprobación del Congreso, aspectos que podrían ser clave para la legalidad de cualquier acción militar.
El gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha rechazado de manera tajante cualquier propuesta de intervención militar estadounidense en su territorio, insistiendo en el respeto a la soberanía nacional. La respuesta mexicana se ha centrado en defender el principio de no intervención, que forma parte de la política exterior establecida en su Constitución.
Históricamente, desde diferentes administraciones (de distintos signos políticos) el gobierno mexicano ha defendido este principio, que es considerado una piedra angular de la política exterior del país. Ante los anuncios de Trump, las autoridades mexicanas han reiterado su rechazo a cualquier tipo de intervención militar extranjera en asuntos internos.
El anuncio de Trump ocurre en un contexto de tensiones más amplias en América Latina, donde varios países han expresado preocupación por el unilateralismo y la retórica confrontativa del mandatario estadounidense. Algunos legisladores en Estados Unidos también han pedido restringir acciones militares sin un mandato claro del Congreso.
Aunque Trump ha hablado de iniciar operaciones terrestres, no está claro si estas acciones requerirían la aprobación del Congreso de Estados Unidos, dado que la Constitución estadounidense establece que solo el Congreso puede declarar la guerra. Históricamente algunos presidentes han actuado sin una declaración formal, lo que abre un debate sobre legalidad y límites del poder ejecutivo en este tipo de acciones.
La propuesta de intervención militar en México ha sido recibida con preocupación tanto a nivel internacional como dentro de Estados Unidos, donde se cuestiona la legalidad y los posibles impactos de una acción de este tipo. Tanto el gobierno mexicano como diversos sectores en Estados Unidos han rechazado la idea, lo que podría generar una crisis diplomática y de seguridad en la región.
