La Fiscalía General del Estado confirmó la aprehensión del exministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, acusado de provocar un daño económico de al menos 3 millones de dólares al Estado mediante contratos lesivos y cláusulas irregulares en la construcción de la doble vía El Sillar, un proyecto de más de 400 millones de dólares.
Montaño, quien se desempeñó como Ministro de Obras Públicas durante las gestiones 2020-2025, es investigado por los delitos de Contratos Lesivos al Estado, Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica, relacionados con la suscripción y modificación de contratos con una empresa de origen chino para la ejecución de esta obra vial.
Según la Fiscalía, los presuntos hechos de corrupción están vinculados a la ejecución del proyecto de la carretera El Sillar, que implicó un desembolso superior a los 400 millones de dólares. En ese contexto, el Ministerio Público anunció que solicitará la medida cautelar de detención preventiva en un centro penitenciario del país mientras continúan las investigaciones.
El Fiscal General, Róger Mariaca, explicó que la investigación se inició a denuncia de un asambleísta nacional del departamento de La Paz y que existen otras nueve personas investigadas por su presunta participación en los hechos. Según la indagación, se habrían otorgado ventajas indebidas a la empresa contratista mediante cláusulas modificatorias en los contratos suscritos por gerentes de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), lo que habría ocasionado el daño económico al Estado.
Por su parte, Montaño se acogió al derecho al silencio durante su aprehensión y afirmó ser "inocente". Sin embargo, el Ministro de Gobierno descartó que la detención del exfuncionario sea una venganza política, asegurando que la investigación se basa en indicios documentales, declaraciones testificales e informes policiales que evidencian la presunta comisión de hechos ilícitos.
La aprehensión de Montaño se produce en medio de un contexto de crecientes denuncias de corrupción en la ejecución de obras públicas en Bolivia, lo que ha generado un fuerte cuestionamiento a la transparencia y el manejo de los recursos del Estado. Este caso se suma a la lista de altos funcionarios investigados por presuntos actos de corrupción en el país.
