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Explosión en bus de 'La 50' en San Juan de Lurigancho deja pasajera herida y evidencia crisis de seguridad en transporte público

Explosión en bus de 'La 50' en San Juan de Lurigancho deja pasajera herida y evidencia crisis de seguridad en transporte público

Un nuevo ataque con explosivos contra un bus de transporte público en Lima ha dejado una pasajera herida y evidencia la grave crisis de seguridad que enfrenta el sector. El viernes 9 de enero, un bus de la línea 'La 50' fue interceptado por delincuentes que arrojaron una granada, destrozando la llanta superior izquierda del vehículo.

El hecho ocurrió en el cruce de la av. 13 de enero con av. Tusilagos, en el distrito de San Juan de Lurigancho, mientras se realizaba un concierto por el aniversario del distrito. Testigos indicaron que la detonación se escuchó a más de 100 metros a la redonda y que la unidad estaba llena de pasajeros en el momento del ataque.

Producto del ataque, una pasajera sufrió un leve corte en el brazo por la onda expansiva que también destrozó las lunas cercanas al asiento del conductor. Afortunadamente, el chofer y el cobrador resultaron ilesos, aunque fueron trasladados al hospital para ser evaluados.

Según el relato del conductor, los delincuentes habrían aprovechado el tráfico por el cierre de avenidas debido al aniversario del distrito para interceptar el bus. Este nuevo ataque se produjo pese a la presencia de personal policial y de serenazgo que resguardaban la zona por el concierto.

Lamentablemente, este no es un hecho aislado. En lo que va del año se han registrado al menos 5 atentados y dos fallecidos en ataques contra el transporte público en Lima. Ante esta situación, los dirigentes del sector han convocado a un paro nacional de transportes para el próximo 15 de enero, denunciando que el Ejecutivo no ha cumplido con las promesas de implementar medidas de seguridad como cámaras de vigilancia en los buses.

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, ha cuestionado los motivos detrás de esta nueva convocatoria, señalando que existirían "intereses políticos y electorales". Sin embargo, es evidente que la crisis de seguridad en el transporte público es una realidad apremiante que requiere una estrategia integral y urgente por parte del Gobierno para proteger la vida de pasajeros y conductores.

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