El Tribunal Superior de Apelaciones ordenó la detención provisional de Bernardo Meneses, un exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) de 37 años de edad, tras revocar las medidas cautelares personales que le habían sido impuestas inicialmente.
La decisión fue adoptada por el tribunal integrado por los magistrados Adrián José Hernández (presidente), Fernando Alonzo y Gustavo Romero Duque, quienes consideraron que las medidas previas reporte periódico ante el Ministerio Público, prohibición de salida del país y restricción de acercarse a las oficinas del IFARHU no eran proporcionales a la gravedad de los hechos imputados.
El exfuncionario se encuentra imputado por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, específicamente en las modalidades de peculado doloso agravado y corrupción de servidores públicos. Durante la audiencia de apelación, el Tribunal Superior de Apelaciones concluyó que las medidas cautelares iniciales no garantizaban los fines del proceso penal, razón por la cual ordenó su reemplazo por la detención provisional.
Las investigaciones se originaron a partir de una auditoría preliminar realizada por la Contraloría General de la República, la cual detectó una serie de irregularidades en la administración del IFARHU durante el quinquenio pasado. El caso forma parte de las investigaciones en curso relacionadas con el manejo de fondos públicos y la transparencia en programas de becas y asistencia económica administrados por la entidad.
En las audiencias de apelación, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal superior anticorrupción, Azucena Aizprúa, mientras que la defensa técnica particular del imputado fue ejercida por el abogado Ángel Álvarez.
La detención provisional de Bernardo Meneses, exdirector del IFARHU, se produce en medio de un escrutinio cada vez mayor sobre la transparencia y el manejo de los fondos públicos en programas de asistencia social y educativa en el país. Estas investigaciones buscan esclarecer las presuntas irregularidades y garantizar la rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos.
Es importante destacar que la presunción de inocencia del exfuncionario se mantiene vigente hasta que se demuestre su culpabilidad en un juicio justo y debido proceso. Las autoridades competentes continuarán con las investigaciones para determinar la responsabilidad y el alcance de las presuntas irregularidades en la administración del IFARHU.
