El uso de armas por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha generado controversia tras recientes operativos y episodios fatales. Sin embargo, más allá del debate político, la legislación federal de Estados Unidos sí contempla esta facultad, aunque bajo condiciones precisas que buscan evitar abusos y garantizar el respeto a los derechos constitucionales.
El Código de EE. UU. en el título 8, sección 1357, norma básica sobre los poderes de oficiales de inmigración, autoriza expresamente que los oficiales federales designados puedan portar armas y usar fuerza, incluida fuerza letal, en el ejercicio de sus funciones. No obstante, este poder no está exento de requisitos legales: solo se aplica a agentes que han sido designados y capacitados bajo reglamentos oficiales, y solo en circunstancias bien definidas por la ley.
Los reglamentos derivados de esa ley detallan quiénes dentro de ICE pueden llevar armas y bajo qué estándares se puede usar fuerza, incluyendo la fuerza letal. Es decir, no cualquier empleado de ICE puede ir armado, y el uso de fuerza letal no es un "permiso general" sino una herramienta legal sujeta a condiciones específicas.
Más allá de las leyes federales, ICE tiene directivas internas, como su Directive 19009.3 sobre armas y uso de fuerza, que establecen procedimientos detallados de entrenamiento, autorización y supervisión para portar y usar armas. Estas directivas operativas no solo determinan cómo se debe comportar un agente armado, sino también qué debe reportarse después de un incidente con arma de fuego y qué procesos de revisión interna aplican.
Este enfoque legal y técnico contrasta con interpretaciones simplistas que circulan en redes o titulares sensacionalistas: la ley no dice "agentes ICE pueden disparar cuando quieran", sino que instituye una autoridad condicionada y regulada.
Aunque la normativa federal reconoce la autoridad legal para portar armas, no da carta blanca para cualquier uso de la fuerza. El estándar de "fuerza objetivamente razonable" proviene de la jurisprudencia constitucional y limita legalmente cuándo los agentes pueden emplear fuerza letal, o sea, solo cuando existe un peligro inmediato de muerte o lesión grave, no simplemente para detener o arrestar.
Este punto se vuelve clave en casos recientes, como la controvertida muerte de una mujer en Minneapolis a manos de un agente de ICE, un suceso que ha reavivado el debate sobre si la fuerza letal aplicada fue legalmente justificable o si excedió lo permitido incluso bajo las políticas internas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Organismos de derechos civiles y autoridades locales han planteado que disparar contra un vehículo en movimiento, aunque alegando defensa propia, no siempre cumple con los estándares establecidos por el DHS y la Constitución. Además, aunque la ley federal da autoridad a ICE, las fiscalías estatales pueden intentar procesar a agentes por homicidio u otros delitos si creen que se excedió legalmente en el uso de la fuerza, generando conflictos jurisdiccionales complejos en varios estados.
En resumen, si bien la legislación federal autoriza a agentes de ICE a portar armas y usar fuerza letal en circunstancias específicas, esta facultad no es un "cheque en blanco" y está sujeta a requisitos legales y procedimientos internos rigurosos que buscan evitar abusos y respetar los derechos constitucionales. El debate sobre el uso de la fuerza por parte de ICE continuará, pero dentro de un marco legal definido, no de una discrecionalidad ilimitada.
