Las organizaciones agrarias de Extremadura han denunciado múltiples incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria en los sectores del arroz, maíz y tomate, acusando a la Junta de Extremadura de no intervenir ante esta situación. En respuesta, han convocado una serie de movilizaciones, incluyendo cortes y tractoradas en carreteras los días 16 y 23 de enero, con el objetivo de exigir medidas concretas y urgentes de apoyo al sector.
Según informaron las entidades, los recortes en la Política Agraria Común (PAC), la entrada de productos internacionales y los bajos precios son algunas de las principales preocupaciones del colectivo agrícola extremeño. Las protestas se desarrollarán en al menos cinco carreteras de la región, incluyendo la N-430, N-432, EX-108, EX-119 y EX-370, a partir de las 09:00 horas.
Durante una rueda de prensa conjunta realizada en Mérida, las organizaciones agrarias alertaron que la situación actual está llevando al campo extremeño a una fase crítica, con riesgos crecientes para la continuidad de las explotaciones familiares y consecuencias para el desarrollo rural. Según explicaron, la falta de cumplimiento de la legislación vigente sobre la cadena alimentaria repercute directamente en los precios que reciben los agricultores por sus productos, situación que, a su juicio, resulta agravada por la pasividad de las autoridades regionales respecto a la supervisión e inspección de los mercados.
Entre las principales demandas expuestas figura la exigencia de una implicación concreta de la administración autonómica para velar por el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria. Las agrupaciones exigen que el observatorio de precios funcione correctamente, que se realicen evaluaciones rigurosas de los costes de producción y que existan controles efectivos sobre el respeto a la legislación por parte de toda la cadena comercial.
Además, las entidades también piden un sistema de ayudas específico para los cultivos de cereales, con especial atención al maíz, a través de mecanismos de producción integrada que permitan amortiguar los costos y enfrentar la competencia internacional. En el ámbito apícola y oleícola, solicitan que el etiquetado de la miel indique el país de procedencia con claridad y que se incremente el presupuesto destinado a los olivares tradicionales en la próxima reforma de la PAC.
Respecto a la sanidad animal, se ha puesto especial atención en las explotaciones ovinas afectadas por la lengua azul en la última campaña, reclamando un apoyo específico para paliar los daños sufridos.
Todas estas demandas se centran en la petición de una PAC fortalecida, con un presupuesto suficiente para garantizar los pagos directos a los productores y el apoyo al desarrollo rural. Las organizaciones reiteran que la igualdad de condiciones entre los agricultores y ganaderos europeos solo podrá garantizarse si se mantienen ambos ejes.
Las tractoradas, según han explicado las entidades convocantes, buscan también frenar el proceso de despoblamiento rural, argumentando que el cierre masivo de explotaciones familiares provocaría el abandono de las zonas rurales, debilitando no solo la economía del campo sino también la cohesión social y territorial de Extremadura.
Frente a los retos de internacionalización de los mercados, recortes en ayudas europeas y ausencia de controles efectivos en precios y etiquetado, las asociaciones agrarias de Extremadura insisten en que la única salida es que las administraciones "se impliquen" de modo directo y transparente en la defensa de la producción local. Las movilizaciones se presentan como el primer paso dentro de una escalada de acciones previstas si no se producen cambios efectivos en las políticas agrarias y comerciales.
