En un giro inesperado, Jenny Elvia R., una joven de 24 años, se ha retractado de la compra de 93 hectáreas de un predio municipal en el cantón La Libertad. La transacción, que había sido aprobada días atrás por la mayoría del Concejo, ha generado cuestionamientos y preocupación entre las autoridades locales.
La joven presentó un oficio al alcalde Francisco Tamariz, solicitando la rectificación parcial de la resolución que autorizaba la venta a su nombre. Según la información divulgada, la compraventa había sido una condición impuesta por una empresa interesada en financiar un proyecto agroturístico y de reforestación que la joven había desarrollado.
En su carta, Jenny Elvia R. explicó que, después de un análisis exhaustivo, la compañía condicionó la financiación de su proyecto a la obtención de la resolución de compraventa a su nombre. Sin embargo, ahora la joven ha decidido desistir de la adquisición y solicita que la propiedad sea adjudicada directamente a la empresa que iba a respaldar el proyecto.
El concejal Bruno Dedé, uno de los que cuestionaron la venta, mantiene serias interrogantes sobre el desarrollo del proceso de compraventa, especialmente porque la compradora no tiene antecedentes como empresaria. Dedé indicó que, una vez presentado el oficio de retractación, se requerirá un informe jurídico para que el Concejo pueda tratar el asunto.
Cabe destacar que, días atrás, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo (SOT) inició de oficio una acción de vigilancia contra el Municipio de La Libertad por la emisión de actos administrativos "posiblemente contrarios al ordenamiento jurídico, relacionados con la presunta venta de un predio municipal". La entidad recordó que cualquier decisión administrativa debe anteponer el interés colectivo sobre el interés particular y observar estrictamente los principios de legalidad, transparencia y seguridad jurídica.
Este caso ha generado un debate sobre la transparencia y legalidad de los procesos de venta de bienes públicos, y pone de manifiesto la necesidad de una mayor supervisión y rendición de cuentas por parte de las autoridades locales.
