El Ministerio del Interior de Camboya informó este miércoles que las autoridades han arrestado y extraditado a China a tres ciudadanos chinos, entre ellos el magnate Chen Zhi, fundador y presidente del conglomerado camboyano Prince Group. Chen, quien fue naturalizado camboyano en 2014, es acusado de dirigir una red mundial de estafas en línea.
La extradición se produce después de que en 2020 Chen fuera objeto de una investigación por parte de las autoridades chinas, ante la sospecha de que Prince Group estaba implicado en fraudes en línea y blanqueo de capitales. Asimismo, en octubre del año pasado, Washington confiscó unos 15.000 millones de dólares en bitcoins que presuntamente pertenecían al empresario y presentó cargos por fraude electrónico y lavado de dinero.
Según los fiscales estadounidenses, Chen presuntamente controlaba complejos de trabajos forzados en Camboya, donde los trabajadores eran retenidos en recintos similares a prisiones y obligados, bajo amenazas, a contactar con posibles víctimas a través de redes sociales, con falsas promesas de inversión en criptomonedas y supuestas ganancias.
La extradición de Chen se produce en medio de una creciente presión internacional contra Camboya para que resolviera el asunto del empresario y sus empresas, que operaban desde su país. Tanto Estados Unidos como el Reino Unido han impuesto sanciones a Chen, mientras que varios gobiernos asiáticos, incluidos los de Singapur y Corea del Sur, han incautado sus bienes o detenido a personas vinculadas a Prince Group.
El Ministerio del Interior camboyano informó que Chen fue trasladado a suelo chino este martes, después de que se le revocara la ciudadanía camboyana en diciembre del año pasado. Asimismo, señaló que su detención se produjo tras varios meses de una investigación conjunta entre las autoridades camboyanas y chinas. Hasta el momento, Pekín no ha emitido una declaración oficial sobre este asunto.
La extradición de Chen Zhi, un magnate chino acusado de dirigir una red mundial de estafas en línea, es un golpe importante para las autoridades chinas en su lucha contra la delincuencia financiera transnacional. El caso también pone de manifiesto la creciente cooperación entre Camboya y China en materia de seguridad y justicia, así como la presión internacional que ha recaído sobre el país asiático para que aborde este tipo de actividades ilícitas.
