El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia ha expresado su preocupación por la cantidad de candidatos inhabilitados en las elecciones subnacionales debido a la falta de requisitos. Según los datos proporcionados por el organismo, en cuatro departamentos del país se han registrado altas tasas de inhabilitaciones de postulantes.
En La Paz, de 9.828 candidatos inscritos, 7.790 quedaron inhabilitados; en Oruro, de 3.200 postulantes, 2.677 fueron inhabilitados; en Potosí, 3.685 de 4.514 inscritos fueron inhabilitados; y en Chuquisaca, 1.423 de 1.900 candidatos fueron descalificados.
El presidente del TSE, Gustavo Ávila, explicó que la mayoría de las organizaciones políticas solo presentan fotocopias de los documentos de identidad de los candidatos, con la intención de que sean inhabilitados y puedan ser posteriormente sustituidos. Ávila calificó esta práctica como una "estrategia" que se ha repetido desde las elecciones generales.
"Lo que han hecho las organizaciones políticas es utilizar un mecanismo legal en el que indican que, si ellos presentan algunos de los documentos y éste es inhabilita, ese espacio queda lleno para que lo sustituyan. Es una estrategia que se ha repetido de la elección general", detalló el presidente del TSE.
Esta situación generó problemas en las elecciones nacionales, donde las candidaturas seguían sujetas a sustitución incluso después de la impresión de las boletas electorales. Para evitar que se repita este escenario en las elecciones subnacionales, el TSE anunció que se realizará una reunión nacional del Órgano Electoral en la ciudad de Santa Cruz los días 7 y 8 de este mes, donde se definirá un mecanismo para ordenar las fechas de sustitución de los candidatos inhabilitados.
Según Ávila, la idea es establecer una fecha límite para las sustituciones por falta de requisitos, mientras que las sustituciones por demandas de inhabilitación podrían estar habilitadas hasta 72 horas antes de los comicios, ya que se consideran casos excepcionales.
Esta situación pone de manifiesto la necesidad de una mayor regulación y transparencia en el proceso de inscripción de candidatos, con el fin de evitar estrategias que puedan distorsionar la participación política y la representación democrática en Bolivia.
