El Gobierno de José Jerí ha dado un nuevo paso en su plan para privatizar la estatal petrolera Petroperú. El directorio de la empresa acaba de designar a Rita Lorena López Saavedra como gerente general encargada, en medio de la aplicación del Decreto de Urgencia N. 010-2025 que allana el camino para la privatización.
La decisión, adoptada en una sesión extraordinaria de directorio el pasado 7 de enero, entra en vigencia a partir de hoy 8 de enero. López Saavedra reemplaza a Gustavo Villa Mora en el cargo, en lo que se perfila como una de las primeras acciones para concretar los masivos despidos previstos en el decreto.
Según fuentes del sector, el plan del Gobierno contempla el cese de entre 1.500 y 1.800 trabajadores de una planilla total cercana a los 2.600 empleados. Las primeras cartas de despido incluirían a personal administrativo de la sede central, trabajadores del Oleoducto Norperuano, empleados mayores de 60 años, personal con menos de cinco años en la empresa y trabajadores con antecedentes disciplinarios.
El decreto autoriza un aporte de capital de hasta S/240 millones para cubrir los compromisos laborales derivados de los ceses, lo que dejaría a Petroperú con alrededor de 600 trabajadores para sostener sus operaciones a nivel nacional. Ello pese a que la planilla laboral de los trabajadores no supera el 5% de los ingresos de la empresa.
La designación de López Saavedra no está exenta de cuestionamientos internos. La funcionaria ocupó cargos gerenciales clave entre 2019 y 2025, periodo en el que la situación financiera de Petroperú se deterioró. Además, han surgido observaciones sobre su presunta inasistencia por descanso médico el mismo día que fue vista reunida con la ministra de Economía, Denisse Miralles.
Los trabajadores, agrupados en el Frente Sindical de Trabajadores Petroleros de Petroperú (FSTPP), advierten que la ofensiva del Gobierno no se detendría en los cambios del directorio. Según el FSTPP, el siguiente objetivo sería el representante de los trabajadores en el directorio, con la finalidad de eliminar toda voz crítica y modificar el estatuto de la empresa, allanando el camino para decisiones que afectarían el empleo, los derechos laborales y el carácter público de Petroperú.
