Atentados, amenazas y procesos disciplinarios marcan a quienes denunciaron irregularidades en el sistema judicial ecuatoriano. Cuatro funcionarios que levantaron la voz contra la corrupción han sido víctimas de graves consecuencias por su valentía.
Samantha Lozada, exdirectora del Consejo de la Judicatura de Orellana, fue víctima de un atentado en octubre de 2025, cuando un hombre armado disparó ocho veces contra el vehículo en el que se movilizaba junto a su padre. Lozada atribuye el ataque a sus denuncias previas, como la solicitud de suspensión del juez Walter Pío Arreaga, quien ordenó la liberación de un presunto delincuente vinculado a la minería ilegal.
Tras el atentado, Lozada afirma que no recibió el respaldo institucional esperado. "No hubo voluntad política. Todo tuve que pagarlo yo: viáticos, movilización, y nunca me facilitaron un vehículo blindado", relata. Diez días después, el Consejo de la Judicatura la destituyó del cargo y le retiraron la protección policial, para luego abrirle un proceso disciplinario.
Otro caso emblemático es el del juez anticorrupción Carlos Serrano, a quien en noviembre de 2024 le colocaron un carro bomba frente a su despacho. Cinco días después, Serrano denunció que el entonces director de la Judicatura de Pichincha, Henry Gaibor, le había pedido que prestara atención a la defensa de un narcotraficante, cliente de la esposa del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Pese a la amenaza, en diciembre le retiraron la protección.
La jueza Nubia Vera también denunció que Godoy, su asesor y Gaibor la presionaron para que fallara a favor del Gobierno en un caso contra la exvicepresidenta Verónica Abad. Cuando hizo pública la denuncia, la Corte Provincial de Justicia inició un proceso en su contra, y la Fiscalía allanó su vivienda y la acusó de concusión.
Frente a estos casos, Godoy ha negado responsabilidades y cuestionado las denuncias, calificándolas de "falsos relatos" o afirmando que las víctimas fueron "utilizadas" por sus abogados. Sin embargo, los testimonios de los funcionarios evidencian un patrón de represalias y desamparo institucional hacia quienes se atreven a denunciar la corrupción desde adentro del sistema judicial.
