La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela ha colocado al país ante una encrucijada moral y política imposible de ignorar. Si bien el bombardeo de territorio extranjero y el saldo de muertos son hechos graves y condenables desde la perspectiva del derecho internacional, la pregunta que divide conciencias es inevitable: ¿existía otra salida cuando el régimen venezolano se burló sistemáticamente del diálogo, robó elecciones, torturó opositores y reprimió con violencia las protestas?
La respuesta es compleja, especialmente ahora que la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y su traslado a Estados Unidos para enfrentar a la justicia, se combinan con declaraciones del presidente Donald Trump que han elevado tanto las expectativas como la incertidumbre de una sociedad venezolana exhausta, pero aún expectante.
La administración Trump justificó su actuación en la lucha contra el llamado Cartel de los Soles y en la necesidad de proteger a los ciudadanos estadounidenses del narcotráfico que, según sus propias acusaciones, opera desde las más altas esferas del poder en Venezuela. Sin embargo, la operación se concentró exclusivamente en Maduro y Flores, dejando intactos a otros actores fundamentales del entramado chavista, como Diosdado Cabello y el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, ambos también señalados por la justicia internacional.
La paradoja se profundiza cuando, tras la captura de Maduro, asume la presidencia interina Delcy Rodríguez, figura central del régimen, y el propio gobierno estadounidense admite mantener con ella un canal de diálogo abierto, orientado fundamentalmente a los intereses estratégicos de Washington en Venezuela, particularmente los relacionados con el petróleo. Este hecho siembra dudas legítimas sobre los verdaderos objetivos de la intervención.
Otro elemento inquietante es que tras la acción militar no se ha planteado de manera clara la participación de la oposición democrática en un proceso de transición. El presidente electo Edmundo González ha sido prácticamente invisibilizado, mientras que sobre María Corina Machado se han emitido juicios despectivos que minimizan su liderazgo. Estas señales no solo desconciertan, sino que alimentan la sospecha de que el futuro político del país podría decidirse sin los venezolanos y al margen de sus representantes legítimos.
Permitir que la cúpula chavista continúe administrando el poder, aunque sea bajo nuevas formas o con nuevos interlocutores, equivaldría a prolongar el mismo modelo que ha devastado al país. Reducir la intervención estadounidense a un simple cálculo económico sería una traición a los principios democráticos que dicen defenderse. La captura de Maduro, por sí sola, no significa la liberación de Venezuela. Sin una transición real, sin la oposición democrática al frente y sin la convocatoria a elecciones libres y verificables, el país seguirá atrapado en la misma lógica de poder.
