La muerte de una mujer migrante a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en Minneapolis ha generado indignación y exigencias de que los agentes federales abandonen la ciudad.
El incidente ocurrió el pasado 7 de enero cerca de la calle 34 Este y la avenida Portland, cuando agentes del ICE realizaban una operación migratoria en la zona. Según las autoridades, un agente disparó y mató a la mujer que iba en un automóvil.
Un portavoz de la ciudad pidió a los ciudadanos evitar la zona, mientras que el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, exigió que los agentes del ICE "abandonen la ciudad inmediatamente", afirmando que "la presencia de agentes federales está causando caos" en la ciudad.
La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, acusó a "alborotadores" de provocar el incidente, asegurando que la mujer intentó atropellar a los agentes del ICE con su vehículo, lo que llevó a un oficial a disparar "temiendo por su vida".
Sin embargo, videos compartidos por testigos presenciales no muestran a la conductora intentando atropellar a los agentes, sino que evidencian que los agentes intentaban abrir la puerta del vehículo mientras la mujer avanzaba, momento en el que uno de ellos disparó al menos tres veces.
La muerte de esta mujer migrante se produce en medio de una intensificación de las redadas y operativos migratorios llevados a cabo por el gobierno de Donald Trump en diversas ciudades de Estados Unidos. Desde diciembre, el DHS y el ICE han realizado numerosas operaciones en Minneapolis, que incluso han derivado en una demanda de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) por presuntos abusos de los agentes.
María Teresa Kumar, presidenta y cofundadora de Voto Latino, calificó lo ocurrido en Minneapolis como "inadmisible" y lamentó que "una mujer perdió la vida a manos de agentes de ICE que operan en nuestros vecindarios".
Las cifras oficiales indican que entre el 20 de enero y el 15 de octubre de este año, el ICE detuvo a 75 mil migrantes sin antecedentes penales, lo que representa una tercera parte de los 220 mil arrestados en ese periodo. Estas operaciones migratorias han sido ampliamente criticadas por organizaciones de derechos humanos y la comunidad inmigrante.
