El gobierno de la Ciudad de México realizó un operativo de emergencia para rescatar a casi mil animales que se encontraban en condiciones deplorables en el Refugio Franciscano, ubicado en la carretera México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa.
La acción se derivó de una orden judicial, luego de que un peritaje de la Fiscalía General de Justicia capitalina concluyera que al menos 759 perros y 39 gatos sufrían de maltrato y crueldad "en la modalidad de omisión y negligencia grave".
En conferencia de prensa, la jefa de gobierno local, Clara Brugada, informó que su administración se hará cargo del resguardo temporal de los animales, la mayoría de los cuales fueron trasladados a un albergue de la Secretaría de Medio Ambiente de la ciudad, ubicado en el Ajusco, en la alcaldía Tlalpan.
Sin embargo, Brugada resaltó que hay varios perros y gatos cuyas condiciones de salud son críticas, por lo que serán llevados a la clínica veterinaria del gobierno capitalino e incluso a establecimientos privados, para recibir la atención médica necesaria. De hecho, 20 de los animales ya se encuentran hospitalizados, mientras que otros 21 fallecieron fuera del refugio.
El dictamen veterinario determinó que los perros y gatos se encontraban en situación de hacinamiento, sin las condiciones de higiene ni la atención médica requerida. Cabe señalar que este caso salió a la luz debido a un conflicto legal entre la asociación civil Refugio Franciscano y la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, por la propiedad del predio donde se encuentra el albergue.
Sobre este litigio, Brugada aclaró que se trata de un conflicto entre particulares, en el que el gobierno capitalino no tiene ningún interés y respetará la determinación judicial que se tome al respecto.
El operativo de rescate evidencia la grave situación de maltrato animal que puede ocurrir en algunos refugios, incluso aquellos que se presentan como instituciones dedicadas al bienestar de los animales. Este caso subraya la importancia de una mayor regulación y supervisión de estos establecimientos, así como de la necesidad de que las autoridades actúen con prontitud ante denuncias de maltrato.
