Las acciones recientes de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro no pueden entenderse como episodios aislados ni como simples gestos políticos. Forman parte de una lógica más amplia: el retorno de la seguridad hemisférica como eje central de la política exterior estadounidense. En este marco, Venezuela ya no es solo una crisis nacional prolongada, sino un factor estructural de inestabilidad regional.
Los datos son contundentes: al 29 de diciembre de 2025, organizaciones independientes como el Foro Penal documentaron 863 presos políticos en Venezuela, de los cuales 679 no han sido condenados, 176 son militares, 86 extranjeros y 68 personas cuyo paradero es desconocido. Estas cifras no describen un exceso circunstancial del poder, sino un patrón sistemático de control político mediante el aparato penal y militar. En términos geopolíticos, esto define con claridad la naturaleza autoritaria del régimen de Maduro.
Este contexto encaja de forma directa con los principios rectores de la política exterior de Estados Unidos para el hemisferio occidental. Desde la National Security Strategy (NSS) y la U.S. Strategy Toward the Western Hemisphere, Washington ha dejado bastante claro que la defensa de la democracia, los derechos humanos y la contención de regímenes autoritarios no son solo valores, sino intereses estratégicos y no negociables. Venezuela se ha transformado en el caso perfecto donde estas prioridades convergen.
¿Por qué ahora? Porque el entorno internacional ha cambiado drásticamente. Estados Unidos enfrenta una competencia abierta con China, una Rusia dispuesta a desestabilizar regiones a su gusto y un sistema internacional cada vez más fragmentado. En ese escenario, América Latina deja de ser un "patio trasero" diplomático para convertirse en un flanco estratégico que debe estabilizarse. Permitir la consolidación de un autoritarismo funcional en Venezuela implicaría aceptar un foco permanente de migración masiva, criminalidad transnacional, colapso institucional y penetración de actores extrahemisféricos.
El elemento militar es especialmente revelador: la detención de 176 miembros de las fuerzas armadas venezolanas no solo busca castigar disidencias internas, sino prevenir fracturas dentro del aparato de poder. Desde una lectura estratégica, esto indica fragilidad, no fortaleza. Los regímenes autoritarios suelen encarcelar opositores civiles, pero cuando comienzan a encarcelar militares, revelan temor a su propio sostén.
A ello se suma la presencia de decenas de ciudadanos extranjeros detenidos, lo que internacionaliza el conflicto y eleva los costos diplomáticos. Este factor explica por qué la presión ya no se limita a comunicados políticos, sino que incluye sanciones selectivas, acciones judiciales internacionales y mensajes cada vez más claros desde Washington y sus aliados.
Conviene mencionar algo esencial: Estados Unidos no está "castigando a Maduro" por razones ideológicas. Está conteniendo un modelo de gobernanza autoritaria que produce efectos regionales tangibles. La migración venezolana, que ya supera los siete millones de personas, no es solo una tragedia humanitaria, sino una variable de seguridad, con impactos directos en países receptores, sistemas laborales, servicios públicos y estabilidad política.
Venezuela funciona hoy como un caso testigo para el hemisferio. Lo que se tolera allí sienta precedentes para otros países con instituciones débiles y regímenes de dictadores. Por eso la presión internacional no disminuirá, aun cuando se modulen tácticas o se ensayen negociaciones puntuales, el objetivo estratégico es claro: impedir que el autoritarismo se normalice como modelo viable en América Latina.
En este sentido, las acciones de Estados Unidos deben leerse como parte de una política de largo plazo. La seguridad hemisférica ha vuelto al centro del tablero, y Venezuela ocupa un lugar incómodo pero central en esa ecuación. Ignorarlo no solo sería un error analítico, sino una renuncia a entender el nuevo orden regional que se está configurando ante nuestros ojos.
