Autoridades colombianas y estadounidenses han iniciado una investigación exhaustiva sobre presuntos actos de corrupción y lavado de dinero que involucran a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y a varios generales del régimen de Nicolás Maduro.
La pesquisa, que se encuentra en una fase preliminar, se centra en denuncias sobre el desvío millonario de fondos públicos, el tráfico de influencias y la participación de estos altos funcionarios en redes de narcotráfico y contrabando que operan en la frontera entre Venezuela y Colombia.
Según fuentes cercanas a la investigación, las autoridades han logrado recabar evidencia documental y testimonial que apunta a la existencia de una estructura criminal enquistada en los más altos niveles del gobierno venezolano. Los indicios sugieren que Rodríguez y los generales Gustavo González López, Javier Marcano Tábata y otros habrían utilizado sus cargos para enriquecerse ilícitamente y facilitar actividades ilegales a gran escala.
"Es una trama de corrupción y crimen organizado que parece ir mucho más allá de casos aislados. Estamos hablando de funcionarios de alto rango que habrían desviado fondos públicos por cientos de millones de dólares y estarían involucrados en narcotráfico y contrabando a gran escala", señaló una fuente familiarizada con la investigación.
Las pesquisas se encuentran en una fase inicial, por lo que las autoridades han sido cautelosas al momento de revelar detalles. Sin embargo, trascendió que se han realizado allanamientos y se han emitido órdenes de captura contra algunos de los implicados, quienes se encuentran prófugos.
Tanto la Vicepresidencia de Venezuela como el Ministerio de Defensa han rechazado las acusaciones y han calificado la investigación como una "campaña de desprestigio" orquestada por "fuerzas imperialistas" en contra del gobierno de Nicolás Maduro.
No obstante, expertos consultados consideran que la magnitud de los hechos denunciados y la solidez de las pruebas recabadas podrían comprometer seriamente a los altos mandos chavistas involucrados.
"Estamos ante un escándalo de proporciones gigantescas que podría tener un impacto político y judicial devastador para el régimen de Maduro si las investigaciones avanzan y se logran concretar los procesamientos", afirmó un analista regional que pidió mantener el anonimato.
Las autoridades colombianas y estadounidenses han manifestado su compromiso de continuar con las pesquisas y de llevar a la justicia a todos los responsables, sin importar su posición o rango dentro del gobierno venezolano.
