El Ministerio de Educación emitió una resolución que prohíbe a directores, maestros, padres y autoridades políticas obligar a los estudiantes a participar en movilizaciones de protesta, reclamos o actos políticos. La medida busca respetar los derechos de los estudiantes y establece sanciones para los infractores.
La Resolución Ministerial 001/2026 señala que "queda terminantemente prohibido que directores de unidades educativas, maestros, padres, madres de familia o tutores y autoridades políticas obliguen a los estudiantes a participar de movilizaciones de protesta, reclamos, actos políticos u otros".
Según la normativa, los derechos de los estudiantes deben ser respetados y los infractores serán sancionados de acuerdo al Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente Administrativo.
Esta medida llega luego de que en años anteriores se viera la participación de escolares en diversas manifestaciones, algunas por la defensa de derechos fundamentales y otras por reclamos puntuales como la basura o el mobiliario escolar.
Además de esta disposición, la resolución también incluye otros cambios en el sistema educativo para la gestión 2026, como la flexibilización del calendario escolar, la modificación de los requisitos de edad para el ingreso al nivel inicial y primaria, y la reducción de los planes operativos que deben presentar las unidades educativas.
El viceministro de Educación Regular, Juan Carlos Pimentel, explicó que el objetivo es asegurar 200 días hábiles de trabajo de calidad, suprimiendo actividades que interrumpían las clases en el pasado. Además, se prohíbe el uso de celulares en el aula tanto para estudiantes como para maestros.
La nueva normativa busca garantizar el derecho a la educación de los estudiantes y evitar que sean utilizados con fines políticos o de protesta, priorizando su formación y desarrollo integral.
