Tras los bombardeos realizados en la madrugada del sábado 3 de enero, en los que el gobierno de Estados Unidos capturó al presidente Nicolás Maduro, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) ha denunciado graves afectaciones a la infraestructura eléctrica en Caracas.
Según el reporte de Corpoelec, resultaron gravemente dañadas las subestaciones Panamericana 69 Kv y Escuela Militar 4.8 kV, dejando fuera de servicio varias líneas de transmisión eléctrica que abastecen a diversos sectores de la capital venezolana.
Hasta las 3:00 p.m. del domingo 4 de enero, se mantenían sin servicio eléctrico los sectores de Los Rosales y Prado de María, Cementerio General del Sur, Los Carmenes, Los Castaños, Colinas de Las Acacias, Los Rosales, Gran Colombia, Las Luces, Los Próceres, Santa Mónica, Ciudad Universitaria, Colina de Los Chaguaramos, Los Chaguaramos, Valle Abajo, Fuerte Tiuna, Cumbres de Curumo, Colinas de Bello Monte y San Agustín del Sur.
Además, urbanizaciones como Coracrevi, La Rinconada, Carlos Delgado Chalbaud, Veredas de Coche, Alberto Ravell, Longaray, Los Jardines del Valle, Mariscal de Ayacucho, Radio Valle, San Andrés II, San Antonio y San Pedro; y sectores populares como Las Mayas, Cochecito, Nuevo Vegas, Bruzual, Canicito, Las Malvinas, Los Cardones, San Andrés, Vista Alegre, Cerro Grande, Zamora y El Calvario, también registraban más de 36 horas sin electricidad.
El ministro de Energía Eléctrica, Jorge Márquez, constató personalmente la devastación sufrida por los bombardeos en equipos esenciales y en la sala de control de Corpoelec. Trabajadores de la empresa se mantienen desplegados y trabajando para restituir el servicio eléctrico en el menor tiempo posible.
En un comunicado, Corpoelec denunció que "esta agresión constituye una violación flagrante del derecho internacional humanitario, al privar de manera intencional a la población de servicios esenciales". La empresa aseguró que "la República Bolivariana de Venezuela no se doblegará ante las maniobras criminales que buscan someter al pueblo" y que seguirán defendiendo "el derecho sagrado de nuestro pueblo a vivir en paz".
