El Gobierno de Colombia, liderado por el presidente Gustavo Petro, decretó un histórico aumento del salario mínimo para el año 2026, elevándolo de 22,7% a 23,7%. Esta medida, que no surgió de un acuerdo tripartito con sindicatos y gremios, representa el mayor incremento salarial de las últimas décadas en el país andino.
El nuevo salario mínimo quedará establecido en aproximadamente 1.750.905 pesos colombianos, más un auxilio de transporte que lo eleva a unos 2 millones de pesos al mes. El Ejecutivo presentó este incremento como un avance social y una política para reducir la desigualdad, argumentando que mejorar el ingreso de los trabajadores revitaliza el consumo y la economía popular.
Sin embargo, la decisión ha desatado un intenso debate en los ámbitos económico, político y jurídico. Tres destacados economistas colombianos, Jorge Restrepo, Hernando Zuleta y Salomón Kalmanovitz, ofrecieron una mirada crítica y analítica sobre los posibles efectos de este aumento salarial.
Restrepo reconoce que millones de trabajadores y pensionados se benefician directamente con el alza, mejorando su poder adquisitivo a corto plazo. No obstante, advierte sobre el riesgo de que la medida desencadene presiones inflacionarias si los costos laborales se trasladan a los precios de bienes y servicios. Además, señala una posible compresión salarial que reduce las diferencias entre niveles profesionales y técnicos, lo que podría dificultar la movilidad laboral.
Por su parte, Zuleta señala que el aumento supera ampliamente la inflación proyectada y puede generar efectos adversos sobre el empleo formal, especialmente en pequeñas y medianas empresas. En su opinión, la decisión crea un "doble choque de oferta" que puede desincentivar la contratación formal y empujar a algunas empresas hacia la automatización o la informalidad.
Kalmanovitz va más allá al calificar la medida como una irreverencia fiscal en un contexto de déficit público superior al 7% del PIB. Advirtió que el propio Estado sufrirá costos adicionales al reajustar su nómina pública (incluidos docentes y uniformados) y que la presión sobre los precios y tasas de interés podría afectar el crecimiento económico.
La discusión sobre el salario mínimo colabora con un debate más amplio sobre la política económica en Colombia: cómo equilibrar la protección social, la estabilidad macroeconómica y la generación de empleo formal. El Banco de la República ya ha anunciado medidas para contener la inflación, manteniendo tasas de interés relativamente altas, lo que agrega un factor adicional de presión sobre el crecimiento económico y el costo de crédito en el país.
Será clave observar cómo se traducen estas medidas en el comportamiento de variables como empleo formal, inflación, informalidad laboral, crecimiento del PIB y productividad, así como la respuesta del sector empresarial en un entorno global competitivo.
