En un caso que sacude los cimientos de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), el exgerente Franklin Flores enfrenta una serie de acusaciones y procesos penales por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión. Las investigaciones, auditorías y denuncias han destapado un patrón de fallas estructurales, controles débiles y decisiones administrativas cuestionadas que marcaron el final de su mandato al frente de la estatal.
Las revelaciones apuntan a un conjunto de presuntas irregularidades que abarcan desde contratos lesivos, daño económico y posible enriquecimiento ilícito hasta proyectos fantasma y pagos por servicios no prestados. Uno de los casos emblemáticos es la planta procesadora de papa, donde se investiga a Flores y otros exfuncionarios por presuntas irregularidades en la contratación y ejecución de la obra, que demandó una inversión superior a 162 millones de bolivianos.
Además, se detectaron irregularidades en la construcción de otra planta procesadora de papa en Chuquisaca, con un daño económico estimado en 41,4 millones de bolivianos por el uso de una póliza de caución presuntamente falsa. Asimismo, se estableció el pago de 25,7 millones de bolivianos por maquinaria que nunca fue entregada.
Las investigaciones también alcanzaron a una planta piscícola en el lago Titicaca, valuada en 47 millones de bolivianos, donde los informes revelaron que, pese a haberse pagado casi el 89% del proyecto, el avance físico apenas superaba el 34%.
En el área agrícola, auditorías oficiales detectaron irregularidades en programas de siembra de maíz, con presupuestos inflados y pagos por hectáreas que nunca fueron sembradas. Además, se encontraron irregularidades en el alquiler de maquinaria agrícola.
Paralelamente, la Fiscalía abrió un eje patrimonial contra el exgerente de EMAPA, Franklin Flores, quien habría recibido 209.150 bolivianos en depósitos realizados por trabajadores de la estatal, además de registrar ingresos bancarios que superan su salario como gerente.
Otro frente investigativo está vinculado a contratos relacionados con harina subvencionada, donde el Ministerio de Desarrollo Productivo denunció un presunto daño de 5 millones de bolivianos. Si bien la denuncia apunta directamente a dirigentes del sector panificador, el caso se enmarca en irregularidades detectadas durante la gestión de Flores.
Finalmente, se reveló una deuda acumulada y subejecución del programa de trigo, con cifras que podrían escalar hasta 900 millones de bolivianos, configurando uno de los mayores pasivos detectados en una empresa pública del sector productivo.
Varios de estos procesos se encuentran en etapa de investigación o imputación, con antecedentes remitidos al Ministerio Público por el Viceministerio de Transparencia. Aunque la responsabilidad penal deberá ser determinada por la Justicia, la documentación oficial revela un patrón de fallas estructurales, controles débiles y decisiones administrativas cuestionadas que marcaron el final de la gestión de Franklin Flores al frente de EMAPA.
