La provincia de Pataz, en la región La Libertad, se ha convertido en un escenario de terror y violencia, donde el crimen organizado ha logrado enquistarse como un poder paralelo al Estado. A pesar de la vigencia del estado de emergencia en la zona, los enfrentamientos armados, los atentados y los crímenes se multiplican, dejando un saldo trágico de más muertes.
El presidente José Jerí ha intentado abordar la crisis con una agenda marcada por el show y las reuniones de impacto mediático, pero sin lograr resultados concretos. De hecho, el propio alcalde de Pataz, Aldo Mariños, ha cuestionado públicamente que el mandatario no haya cumplido ninguno de los compromisos asumidos en una reunión realizada en octubre del año pasado.
Esta estrategia fallida no es exclusiva del actual Gobierno, sino que es el resultado de años de negligencia y permisividad por parte de las administraciones anteriores, que permitieron que el crimen organizado se fortaleciera hasta convertirse en un poder paralelo en la región.
La seguridad y la paz social no pueden seguir siendo parte del discurso coyuntural ni un recurso para mejorar la imagen presidencial. Son una obligación esencial del Estado, que exige seriedad, continuidad y una visión de largo plazo, no respuestas reactivas ni decisiones improvisadas dictadas por el calendario político o la presión mediática del momento.
Mientras la población vive bajo amenaza permanente, las promesas se acumulan y las soluciones no llegan, lo que genera una pérdida de legitimidad de la autoridad y un terreno fértil para que la violencia siga ganando terreno.
La situación en Pataz es un reflejo del fracaso de las estrategias implementadas hasta ahora para combatir al crimen organizado en el país. Es hora de que el Gobierno asuma con responsabilidad y compromiso esta problemática, y desarrolle un plan integral que involucre a todos los actores relevantes, desde las fuerzas de seguridad hasta las comunidades locales, para lograr resultados duraderos y recuperar la paz y la tranquilidad en la región.
