Arabia Saudita estableció un nuevo récord anual de ejecuciones en 2025, con un total de 356 personas ejecutadas, según un recuento realizado por la agencia de noticias AFP. Este aumento se relaciona con la intensificación de la "guerra contra las drogas" impulsada por el reino en los últimos años.
De acuerdo con los datos oficiales difundidos por el gobierno saudí, 243 de las personas ejecutadas fueron condenadas por delitos relacionados con drogas. Esta cifra supera el récord anterior registrado en 2024, cuando se llevaron a cabo 338 ejecuciones.
Duaa Dhainy, investigadora de la European Saudi Organisation for Human Rights, declaró a la AFP que estos números récord "demuestran que las promesas sobre reformas en materia de derechos humanos en Arabia Saudita carecen de valor". Dhainy afirmó que las ejecuciones se utilizan como un mensaje de "intimidación y miedo para todos", y que afectan tanto a "trabajadores migrantes, menores y opositores políticos".
Por primera vez en un año calendario, la mayoría de las personas ejecutadas fueron extranjeras. Arabia Saudita reanudó la aplicación de la pena de muerte por delitos de drogas a finales de 2022, tras una suspensión de aproximadamente tres años.
El reino, cuya economía es la mayor del mundo árabe, figura también entre los principales mercados para el captagón, un estimulante ilícito que fue la principal exportación de Siria bajo el liderazgo de Bashar al-Assad, según las Naciones Unidas. Assad fue depuesto en diciembre de 2024.
Desde el inicio de la "guerra contra las drogas", las autoridades han intensificado los controles policiales en carreteras y fronteras, logrando incautar millones de pastillas y arrestar a decenas de traficantes. Según los datos recogidos por la AFP, la mayoría de los ejecutados en esta campaña son extranjeros.
El uso de la pena de muerte ha generado críticas persistentes contra el reino por parte de organizaciones de derechos humanos, que la consideran excesiva y contradictoria con los esfuerzos de Arabia Saudita por proyectar una imagen moderna. Activistas sostienen que la política de Riad respecto a la pena capital socava la percepción de una sociedad más abierta y tolerante, concepto central en la agenda de reformas Visión 2030 impulsada por el príncipe heredero Mohammed bin Salman.
Mientras invierte de forma considerable en infraestructura turística y en grandes eventos deportivos como la Copa Mundial de Fútbol 2034, Arabia Saudita busca diversificar su economía más allá del petróleo. Las autoridades, por su parte, defienden que la pena de muerte es necesaria para mantener el orden público y se aplica únicamente después de agotar todas las vías de apelación.
La organización Amnistía Internacional comenzó a documentar las ejecuciones en Arabia Saudita en 1990, si bien las cifras previas a ese año permanecen poco claras.
