La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) publicó una resolución que permite a las universidades y escuelas de posgrado con licencia denegada solicitar una ampliación excepcional de hasta 12 meses adicionales a su fecha de cierre prevista. Esta medida flexibiliza el proceso de reforma universitaria, que originalmente establecía un plazo máximo de 2 años para que estas instituciones cesaran actividades.
Según la nueva disposición, las universidades podrán extender su funcionamiento un año más, supuestamente con el fin de permitir que los estudiantes que aún permanecen en estas aulas puedan culminar sus estudios. Se estima que cerca de 17 instituciones podrían acogerse a este nuevo beneficio, entre las que se encuentran algunas de las más conocidas que han aprovechado las prórrogas anteriores.
Aunque la Sunedu argumenta que estas medidas protegen el interés superior del estudiante para evitar que se queden sin título, diversos especialistas señalan que estas constantes ampliaciones desnaturalizan el proceso de licenciamiento. Al permitir que instituciones denegadas sigan operando por casi 10 años (sumando el plazo original y las 5 prórrogas), se debilita el mensaje de exigencia de calidad educativa en el país.
El reglamento de 2018 establecía que una universidad denegada tenía un plazo máximo de 2 años para cesar actividades. Sin embargo, con esta nueva disposición, las universidades pueden extender su funcionamiento un año más, lo que podría generar cuestionamientos sobre la efectividad de la reforma universitaria.
Algunos expertos consideran que estas medidas flexibles podrían enviar un mensaje equivocado a las instituciones, al sugerir que pueden evadir los requisitos de calidad establecidos por la Sunedu. Esto podría debilitar los esfuerzos por mejorar la educación superior en el Perú y poner en riesgo el futuro de los estudiantes que aún se encuentran en estas universidades.
Es importante que la Sunedu mantenga un equilibrio entre proteger los intereses de los estudiantes y exigir el cumplimiento de los estándares de calidad. La flexibilización excesiva del proceso de cierre de universidades denegadas podría socavar los avances logrados en la reforma universitaria y poner en duda la seriedad del proceso de licenciamiento.
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