El futuro de Petroperú, la empresa estatal de hidrocarburos del Perú, se encuentra en un momento crítico. Si bien la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, ha intentado bajar la intensidad de sus primeras declaraciones sobre una reestructuración que podría llevar a una privatización encubierta, los sindicatos, autoridades municipales y la Defensoría del Pueblo se mantienen vigilantes y abogan por la estabilidad operativa y financiera de la compañía.
En un pronunciamiento institucional, la Defensoría del Pueblo calificó de "precipitada" la reorganización patrimonial de los activos de Petroperú, y llamó a las autoridades a evaluar mecanismos de reajuste financiero y reperfilamiento de deudas que permitan restablecer su liquidez y viabilidad a corto plazo. Advierten que la interrupción de operaciones en la refinería de Talara y la cadena logística asociada ha generado un déficit financiero, lo que ha alterado la confianza del mercado y podría acelerar la "implosión operativa y patrimonial" de la empresa.
Por su parte, los trabajadores de Petroperú, a través del Sindicato de Trabajadores Administrativos (STAPP) y la Federación de Trabajadores Petroleros (Fenpetrol), han expresado su rechazo a cualquier reestructuración que "invada competencias de sus órganos" y debilite la confianza de la empresa en el mercado internacional. Temen que se esté buscando una "privatización encubierta" a través del Decreto de Urgencia que el Ejecutivo pretende aprobar en el Consejo de Ministros.
El alcalde de Talara, Sigifredo Zárate, también se ha pronunciado, advirtiendo que una paralización total o parcial de las operaciones de Petroperú tendría "repercusiones que trascienden lo operativo y comercial, generando una profunda crisis social, especialmente en las regiones amazónicas". Exige que se autorice la estructura de financiamiento necesaria para atender las restricciones de liquidez que enfrenta la empresa.
Desde la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT), también se ha manifestado el rechazo a la "campaña de desinformación" impulsada por el presidente y la ministra de Economía, denunciando que existe un "discurso alarmista que esconde un plan de privatización encubierto". Exigen una política real de fortalecimiento de la empresa estatal, transparencia en la gestión y decisiones del Ejecutivo respecto a Petroperú.
En medio de esta situación de incertidumbre, los trabajadores de Petroperú continúan con sus acciones de protesta frente a la sede principal de la empresa en San Isidro, manteniendo viva la lucha por defender el patrimonio y la continuidad operativa de esta importante compañía estatal.
