Guatemala enfrenta una crisis sin precedentes de usurpación de propiedades. Entre 2020 y 2025, se acumularon más de 13 mil denuncias por este delito, pero el Estado solo logró ejecutar 99 desalojos, dejando a menos del 1% de las víctimas recuperando su propiedad.
La problemática, que antes se concentraba en áreas rurales, ahora se ha extendido al corazón del país, con el departamento de Guatemala como el epicentro, con 2,799 denuncias. Ya no son campesinos reclamando tierras, sino pandillas, grupos criminales y redes de abogados que operan como empresas delictivas, llegando con documentos falsificados y decenas de personas coordinadas.
En municipios como Mixco, Villa Nueva, Villa Canales, Chinautla y San Juan Sacatepéquez, se repite el mismo patrón: casas vacías, propietarios ausentes y terrenos mal vigilados, que son invadidos y convertidos en bodegas de armas y drogas, escondites de secuestrados y centros de operaciones criminales.
La Fiscalía de Usurpaciones, creada en 2021 como respuesta, carece de los recursos y el músculo operativo necesarios. Los procesos se alargan, los desalojos se suspenden y los abogados corruptos se adelantan, mientras las familias cansadas entienden que defender lo que es suyo puede ser más difícil que comprarlo.
La falta de coordinación entre autoridades, como el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, la Procuraduría General de la Nación y las municipalidades, convierte cada restitución en un rompecabezas, donde basta que una institución no llegue para que el operativo se cancele.
Las consecuencias van más allá de lo económico, pues se rompe la confianza en el país. Cuando un Estado deja de proteger la propiedad privada, también deja de proteger el esfuerzo, la legalidad y la esperanza de quienes trabajan honestamente.
La solución requiere una política de Estado, no una respuesta improvisada. Guatemala necesita un catastro moderno, leyes que castiguen a las redes criminales y a los profesionales que las facilitan, protocolos de desalojo efectivos y una Fiscalía fortalecida. Pero, sobre todo, necesita la voluntad de recordar que detrás de cada expediente hay una familia que solo pide que su hogar siga siendo suyo.
