El 22 de diciembre, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas hizo conocer la posesión del destacado economista Alberto Bonadona como nuevo director general del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir), que administra las rentas de los jubilados del antiguo sistema de pensiones, que actualmente suman alrededor de 68.649 personas.
Bonadona enfrenta importantes desafíos en su nueva gestión al frente del Senasir. El principal, según sus propias palabras, es "modernizar el Senasir sin perder su esencia social". Esto implica fortalecer la infraestructura tecnológica del Centro de Procesamiento de Datos para responder adecuadamente a una población rentista que crece y envejece, así como impulsar una digitalización integral de los servicios, tanto para los titulares como para los derechohabientes, con el objetivo de reducir trámites presenciales, tiempos de espera y costos para los beneficiarios.
Otro eje fundamental es la optimización del sistema de pagos. Bonadona prioriza la bancarización, la masificación del abono en cuenta y el uso de plataformas alternativas, como billeteras móviles, además del control digitalizado de los pagos a domicilio y la reorganización de la red de pagos. Todo esto apunta a mejorar la seguridad, la transparencia y la eficiencia en la entrega de las rentas.
Pero quizás uno de los mayores retos que enfrenta el nuevo director del Senasir es la lucha contra los cobros fraudulentos de rentas. Bonadona ha identificado diversas irregularidades, como discrepancias en huellas dactilares, formularios incompletos, ausencia de respaldo legal de pago y denuncias directas de beneficiarios que no recibieron sus rentas. Ante esta situación, se han iniciado auditorías internas con hallazgos documentados y se han presentado querellas penales por estafa agravada ante las instancias correspondientes.
Adicionalmente, se tiene activada la póliza de seguros para garantizar la restitución de los recursos a los rentistas afectados. "Nuestra prioridad es proteger al beneficiario y enviar una señal clara de que no existe ni existirá tolerancia frente a prácticas de corrupción o apropiación indebida de recursos públicos", afirma Bonadona.
Otro desafío importante es agilizar trámites como la Compensación de Cotizaciones, un derecho fundamental para miles de personas. En este sentido, Bonadona impulsará el cálculo automático de la compensación, revisará los requisitos para los procedimientos manuales mediante el uso de documentación supletoria y planificará anticipadamente la atención al público para mejorar la calidad del servicio.
Asimismo, trabajará en una estimación más precisa de la población beneficiaria, en el control del gasto en rentas y compensaciones, en la biometrización de los beneficiarios y en la articulación de bases de datos con la Gestora y otras entidades del Estado, especialmente para el control de fallecidos y la verificación digital de vivencia.
En cuanto a la sostenibilidad financiera del sistema en el largo plazo, Bonadona señala que las rentas y la Compensación de Cotizaciones se financian con recursos del Tesoro General de la Nación y se ajustan anualmente en función de la evolución de la inflación medida a través de la UFV. Para la próxima gestión, el incremento estimado de las rentas es de aproximadamente un 18 por ciento y se prevé su aplicación a partir de enero de 2026, sin necesidad de ajustes retroactivos.
Finalmente, el nuevo director del Senasir considera que la seguridad social de largo plazo en Bolivia se basa en una concepción solidaria que vincula al antiguo y al nuevo sistema de pensiones, a través del pago de rentas y de la Compensación de Cotizaciones. Desde su perspectiva, este esquema puede ser objeto de análisis y reformas institucionales que permitan consolidar estas funciones en una institucionalidad especializada, abriendo la posibilidad de incorporar, en el futuro, un esquema competitivo de administradoras privadas que operen sin ventajas estructurales derivadas de la gestión del Fondo Solidario, garantizando mayor equidad, sostenibilidad financiera y transparencia en beneficio de la población asegurada.
