El cierre reiterado del aeropuerto internacional Daniel Oduber en Liberia a finales de 2024 fue solo la punta del iceberg de un problema más profundo que hoy evidencia un debilitamiento de la gestión de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) de Costa Rica.
Un año después, la DGAC se encuentra cuestionada por fallas operativas y vacíos de gobernanza que han puesto en riesgo la seguridad del espacio aéreo costarricense. El país reprobó recientemente la más reciente evaluación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), obteniendo un preocupante 61,7% en el índice de Implementación Efectiva, muy por debajo del umbral mínimo del 75% considerado indispensable para una adecuada supervisión de la seguridad operacional.
Este retroceso de casi 15 puntos porcentuales respecto a la auditoría del 2017 no solo impacta la imagen del país, sino que representa una amenaza directa a dos pilares estratégicos de la economía nacional: el turismo y la logística exportadora de alto valor agregado.
Además, esta calificación podría llevar a que Costa Rica descienda a la Categoría 2 del programa IASA de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), lo que implicaría la imposibilidad de abrir nuevas rutas o servicios hacia ese mercado, un golpe directo a la conectividad y competitividad del país.
La respuesta institucional tras conocerse los resultados de la auditoría de la OACI ha sido caótica, con renuncias y destituciones en puestos clave de la autoridad aeronáutica, como el subdirector de Aviación Civil y miembros del Consejo Técnico de Aviación Civil (Cetac). Incluso, el actual director de Aviación Civil, Marcos Castillo Masís, se encuentra investigado por el Ministerio Público en el caso "Pista Oscura" por presuntos delitos de influencia contra la Hacienda Pública.
Además de los problemas en la cúpula, las terminales aéreas han tenido dificultades para garantizar una operación estable, con incidentes como fallas eléctricas que afectaron los sistemas de radar del aeropuerto internacional Juan Santamaría y la prohibición de vuelos nocturnos en aeródromos no controlados, incluyendo vuelos ambulancia.
Todo este escenario pone en evidencia un profundo deterioro de la gestión de la Aviación Civil costarricense, con graves implicaciones para la seguridad del transporte aéreo y la competitividad económica del país. Ante esta crisis, las autoridades deben actuar con urgencia para recuperar la confianza y garantizar la eficiente y segura operación del espacio aéreo nacional.
