El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de tercer turno revocó una sentencia que había dispuesto la instrucción de un sumario contra un empresario uruguayo imputado por una infracción aduanera de contrabando en la modalidad de receptación.
La defensa del empresario, ejercida por el abogado Luis Navarro, argumentó que los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas habían ingresado al local comercial sin contar con la autorización judicial correspondiente, lo que violaba la inviolabilidad del domicilio y los papeles privados consagrada en la Constitución y en tratados internacionales de derechos humanos.
El tribunal, integrado por Fernando Tovagliare, Claudia Kelland y Gustavo Iribarren, concluyó que la actuación de los funcionarios de Aduanas fue ilegítima, por lo que la prueba obtenida en ese procedimiento ilegal carece de valor jurídico y no puede sustentar la apertura de un sumario ni la incautación de mercadería.
Durante el procedimiento, los funcionarios habían incautado 25 celulares iPhone nuevos y sellados, lo que supuso una afectación directa para el empresario, ya que se trataba de unidades destinadas a la venta. Sin embargo, el tribunal ordenó la devolución de los teléfonos incautados y el archivo de todas las actuaciones contra el empresario y su comercio.
El fallo advierte que el consentimiento del empresario durante el procedimiento no resulta válido, ya que puede verse viciado por la sola presencia de la autoridad estatal, lo que puede constituir "coacción suficiente para producir un consentimiento viciado".
Esta decisión del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de tercer turno representa una victoria para el empresario y un revés para las acciones de la Dirección Nacional de Aduanas, que deberá respetar los derechos constitucionales y legales de los ciudadanos en sus procedimientos.
