En un nuevo capítulo del escándalo de corrupción que sacude al país, la Fiscalía General de la Nación realizó un allanamiento en el bunker de la entidad en Bogotá, en el marco de la investigación que involucra a la exministra Karen Abudinen y al empresario Emilio Tapia.
Las autoridades actuaron en cumplimiento de medidas cautelares con fines de extinción de dominio, en una operación que movilizó a un importante contingente policial y fiscal. Según la información preliminar, el objetivo era incautar bienes y documentos relacionados con presuntos actos de corrupción por parte de los investigados.
La exministra Abudinen y Emilio Tapia han sido señalados como los principales protagonistas de un entramado de corrupción que habría desviado miles de millones de pesos destinados a la conectividad digital en zonas apartadas del país. Ambos enfrentan cargos por delitos como peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y enriquecimiento ilícito.
El caso se remonta a 2021, cuando el Ministerio de las TIC adjudicó un contrato millonario a la Unión Temporal Centros Poblados, liderada por Tapia, para llevar internet a 7.000 instituciones educativas en zonas rurales. Sin embargo, la ejecución del proyecto fue un rotundo fracaso, con apenas unas pocas conexiones realizadas, mientras que grandes sumas de dinero público desaparecieron.
Tras la denuncia pública y las investigaciones, se reveló que Tapia habría utilizado su influencia política y vínculos con la exministra Abudinen para asegurar el contrato, a pesar de su historial de corrupción. Además, se sospecha que parte de los recursos desviados habrían sido utilizados para financiar actividades políticas.
La Fiscalía ha intensificado sus pesquisas, con el objetivo de esclarecer la totalidad de los hechos y recuperar los recursos públicos apropiados de manera ilegal. Tanto Abudinen como Tapia enfrentan penas de prisión y multas millonarias si son hallados culpables.
El caso ha generado indignación en la opinión pública, evidenciando una vez más la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la contratación estatal, para evitar que se repitan este tipo de escándalos de corrupción que afectan gravemente el desarrollo del país.
