Marcelo Porcel, empresario e hijo del fundador de Argencard, se encuentra en el centro de una investigación por presuntos abusos sexuales contra al menos diez adolescentes. A pesar de las graves acusaciones en su contra y el pedido de indagatoria y detención por parte del fiscal, el juez a cargo de la causa le otorgó permiso para viajar a Uruguay.
Las denuncias contra Porcel, de 51 años, se remontan a 2022 y 2023, cuando se habría valido de los vínculos escolares de sus hijos para acercarse a jóvenes de entre 13 y 14 años del Colegio Palermo Chico. Según los testimonios y peritajes recopilados, el empresario invitaba a los menores a su domicilio y oficinas, donde los incentivaba a consumir alcohol y participar en apuestas ilegales. Además, se encontraron imágenes de uno de los chicos obtenidas con una cámara oculta en una ducha.
A pesar de la gravedad de las evidencias, el juez Carlos Bruniard, a cargo de la causa, aún no ha citado a Porcel a declaración indagatoria ni ordenado su detención preventiva. Por el contrario, le otorgó permiso para viajar a Uruguay entre el 17 de diciembre y el 5 de enero de 2026, argumentando que no existe riesgo de fuga y que el imputado posee arraigo en el país.
El abogado de las familias denunciantes, Pablo Hawlena Gianotti, criticó duramente la estrategia "expectante" del juez y advirtió sobre el riesgo de que Porcel pueda buscar nuevas víctimas, dada la falta de medidas cautelares. "Esta persona siempre tuvo a las presas bajo su dominio. El depredador sigue a la manada: ¿dónde va a haber una nueva manada de presas? En el próximo colegio que los acepte", sentenció.
Las pruebas acumuladas en el expediente, que incluyen testimonios en Cámara Gesell y peritajes informáticos, son consideradas concluyentes por los denunciantes. Sin embargo, el proceso judicial permanece bajo secreto de sumario, y el juez aún no ha definido la convocatoria judicial del imputado, a pesar del pedido de indagatoria realizado por el fiscal.
Esta situación ha generado indignación y preocupación entre las familias de las víctimas, quienes temen que Porcel pueda aprovechar su libertad para buscar nuevos blancos. El caso pone en evidencia los desafíos que enfrenta el sistema judicial a la hora de lidiar con delitos de esta naturaleza, donde la protección de los menores debe ser la prioridad.
