La empresa española FCC Construcción mantiene una demanda de arbitraje internacional contra el Estado panameño por presuntos incumplimientos relacionados con varios proyectos de infraestructura ejecutados en el país. La compañía sostiene que Panamá vulneró obligaciones internacionales de protección a la inversión extranjera, a pesar de que los proyectos ya culminaron su ciclo contractual.
La demanda de FCC asciende a alrededor de $59 millones, cifra que corresponde a la pretensión económica de la empresa dentro del arbitraje. Este monto es independiente de los gastos administrativos que debe asumir el Estado panameño para la tramitación del caso, los cuales podrían alcanzar entre $150,000 y $250,000, dependiendo de la complejidad y cuantía del proceso.
Uno de los proyectos más relevantes vinculados a la demanda es el Corredor de las Playas, concebido originalmente como una vía de unos 32.5 kilómetros entre La Espiga y San Carlos para mejorar la conectividad en Panamá Oeste. Sin embargo, el proyecto enfrentó dificultades financieras, problemas en la adquisición de servidumbres y ajustes técnicos que derivaron en una reducción significativa de su alcance inicial.
Posteriormente, el proyecto fue reestructurado para priorizar tramos clave de la carretera Panamericana, como la ampliación de cuatro a seis carriles entre El Espino y Sajalices y la Variante de Campana, cuyo viaducto estratégico fue inaugurado en el 2024.
Según la información presentada al Legislativo, el arbitraje de FCC se encuentra en una etapa inicial, y el tribunal celebró su primera sesión el 16 de diciembre del 2025 mediante videoconferencia, dando inicio formal al procedimiento. A partir de ahora, el caso entra en una fase que podría extenderse por varios años, en función de la presentación de memoriales, audiencias y decisiones procesales.
Funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Panamá señalaron que los costos procesales suelen definirse al final del arbitraje y que, en caso de un fallo favorable al Estado panameño, podrían ser recuperables, dependiendo de lo que establezca el laudo final del tribunal.
