El Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid ha abierto diligencias previas contra el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, por la gestión del dispositivo policial desplegado en la última etapa de la pasada edición de la Vuelta ciclista a España el 14 de septiembre.
Según las fuentes jurídicas consultadas, el procedimiento se ha incoado genéricamente por un delito de lesiones por imprudencia y se encuentra en un estado "muy embrionario".
Aquel día, 22 policías resultaron heridos leves, durante las protestas que se produjeron en Madrid contra la masacre que estaba viviendo el pueblo de Gaza y que obligaron a cancelar la prueba. La Policía identificó a 97 personas por las protestas, de los que cuatro tenían antecedentes por desórdenes públicos en Madrid y siete por delincuencia común.
Al día siguiente, la entonces portavoz del Gobierno Pilar Alegría declaró que la movilización fue "mayoritariamente pacífica" y que siempre existen "desalmados" que intentan tener un protagonismo que en absoluto les corresponde en unas movilizaciones que trasladaban una posición contraria y clara frente a la masacre en Gaza. Respecto a la actuación policial, Alegría destacó la "magnífica profesionalidad" de los policías que participaron en el dispositivo.
Sin embargo, el sindicato Manos Limpias presentó una denuncia contra el delegado del Gobierno, Francisco Martín, por la gestión del operativo policial. Ahora, la jueza Luisa María Prieto Ramírez ha decidido abrir diligencias previas para investigar los hechos y determinar si hubo algún tipo de responsabilidad por parte de las autoridades.
La Vuelta a España es una de las principales competiciones ciclistas a nivel mundial y atrae a miles de aficionados cada año. Los incidentes registrados en la última etapa de la carrera en Madrid generaron una gran polémica y ahora serán objeto de investigación judicial.
