Luego de intensas negociaciones, el Gobierno y los representantes de los trabajadores del sector público lograron un acuerdo sobre el reajuste salarial para el año 2023. Si bien las aspiraciones de los trabajadores apuntaban a un alza de 2% en términos reales, equivalente a un 5,4% nominal, la propuesta final del Ejecutivo contempla un incremento nominal de 3,4% de carácter general y gradual.
Esto implica un 0% de alza real, ya que la inflación a noviembre se ubicó también en 3,4% en los últimos 12 meses. No obstante, se acordó un aumento del 5% para las remuneraciones mínimas y bonos de los funcionarios de menores ingresos.
Si bien la mayoría de los integrantes de la mesa del sector público firmaron el acuerdo, hubo algunas excepciones importantes. La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) y el Colegio de Profesores se restaron de la firma, argumentando que la propuesta gubernamental no contemplaba un verdadero aumento del poder adquisitivo de los trabajadores.
El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó que se logró "un buen acuerdo, que además del reajuste, pone en el centro la dignidad de la función pública". Por su parte, el titular de Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, señaló que el entendimiento busca "equilibrar las demandas económicas de los trabajadores y resguardar un empleo público de calidad".
Desde la Mesa del Sector Público, su coordinadora, Laura San Martín, valoró que el acuerdo incorpora principios como estabilidad laboral, libertad sindical y trabajo decente. El presidente de la CUT, José Manuel Díaz, también respaldó el resultado de las negociaciones, indicando que será defendido ante el Parlamento.
Cabe destacar que, según cálculos del Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), el costo fiscal de un reajuste del 5,4% nominal (2% real) rondaría los US$ 1.500 millones.
