El cierre del 2022 en Guatemala se ha visto marcado por un aumento preocupante de la violencia criminal, con alzas en homicidios y extorsiones. Esta situación ha obligado a las autoridades a tomar medidas drásticas para intentar recuperar el control de la seguridad en el país.
Uno de los principales focos de conflicto se encuentra en la región de Sololá, donde se ha reactivado un viejo conflicto limítrofe entre los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán. Este fin de semana, los enfrentamientos dejaron un saldo de 13 personas fallecidas, lo que llevó al presidente Bernardo Arévalo a decretar un estado de prevención en ambos municipios hasta comienzos de 2026.
Pero la violencia no se limita a esta zona. También se ha registrado la incursión del Cártel de Sinaloa en los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, donde el 8 de diciembre se produjeron seis ataques que dejaron ocho personas muertas. Según las autoridades, los delincuentes utilizaron drones y fusiles para llevar a cabo estos ataques, en los que además quemaron viviendas y vehículos.
Ante esta situación, el presidente Arévalo ha ordenado triplicar la presencia militar en la frontera con México, buscando frenar el avance de los grupos delictivos. Además, en el departamento de Escuintla, donde también se ha registrado un aumento de la violencia, se han sumado 500 policías adicionales para reforzar la seguridad.
Sin embargo, las autoridades enfrentan un desafío aún mayor, ya que también deben hacer frente a la fuga de líderes pandilleros del Barrio 18 de la cárcel Fraijanes II, quienes permanecen prófugos desde el 12 de octubre. Esto ha contribuido a la diversificación de la violencia criminal en el país.
El diputado opositor José Chic ha criticado la falta de información y de planes concretos por parte de las autoridades para hacer frente a estas amenazas. Según el legislador, el Gobierno debería estar proporcionando información más detallada al presidente Arévalo sobre las diferentes amenazas que enfrenta el país.
Con una tasa de homicidios de 34 por cada 100.000 habitantes y más de 1,650 extorsiones registradas hasta octubre, queda claro que Guatemala enfrenta un desafío enorme en materia de seguridad. Las autoridades deberán redoblar sus esfuerzos y coordinación para lograr recuperar el control y brindar mayor tranquilidad a la población.
