La Corte Penal Internacional (CPI) cerró este lunes una de las principales vías legales abiertas por Israel para frenar o retrasar la investigación sobre Palestina, al rechazar su último recurso y confirmar que el tribunal mantiene su competencia sobre los hechos ocurridos tras el ataque del grupo islamista Hamás el 7 de octubre de 2023.
En una sentencia larga y de carácter técnico, los jueces de la Sala de Apelaciones concluyeron que la investigación iniciada en 2021, tras una solicitud de Palestina en 2018, ya abarca los presuntos crímenes cometidos antes y después del 7 de octubre y de la posterior ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza.
Según la Sala, no ha surgido una "nueva situación" ni se han producido "nuevos parámetros" que obliguen a la Fiscalía a reiniciar el procedimiento, por lo que los jueces respaldaron la posición de la Sala de Cuestiones Preliminares, que ya había rechazado ordenar a la Fiscalía lo que se conoce como una nueva notificación formal a los Estados.
Israel había argumentado que la magnitud y la naturaleza de los hechos posteriores al 7 de octubre, incluidas acusaciones de genocidio, exigían una nueva notificación que permitiera al Estado Israelí reactivar el principio de complementariedad, por el que reclamaría la competencia de su sistema judicial nacional sobre los presuntos crímenes, paralizando así la investigación de la CPI.
Sin embargo, la Sala de Apelaciones subrayó que, en las solicitudes de órdenes de arresto presentadas por la Fiscalía el año pasado, esta "alega conductas cometidas en el contexto del mismo tipo de conflictos armados, relativos a los mismos territorios, con las mismas presuntas partes implicadas en dichos conflictos", en comparación con la notificación inicial enviada en 2021, por lo que rechazó que se hubiera producido un error que obligara a reiniciar el procedimiento.
Los jueces recordaron además que, en esta fase, la Fiscalía no está obligada a detallar cada acto concreto que pretende investigar, y que la notificación inicial ya identificaba los tipos de crímenes, los posibles responsables, el punto de partida temporal -junio de 2014- y el contexto de conflicto armado y ocupación.
Esa base permitió concluir que no existe una investigación distinta, sino una continuidad agravada del mismo escenario.
La sentencia rechaza asimismo el argumento de Israel de que la investigación se limitaba a la política de asentamientos en Cisjordania y recuerda que la remisión del caso por Palestina en 2018 ya describía un contexto más amplio, con alegaciones de crímenes cometidos "de forma sistemática y como política de Estado", que "califican tanto como crímenes de guerra como crímenes de lesa humanidad".
Aunque reconoce que desde el 7 de octubre de 2023 se ha producido un aumento significativo en la intensidad de la violencia y en las consecuencias humanitarias, la Sala consideró que los hechos actuales están "suficientemente vinculados" a la situación de crisis remitida a la Corte en 2018.
El fallo recordó que la investigación puede abarcar "no solo crímenes que ya se hubieran cometido o se estuvieran cometiendo en el momento de la remisión, sino también crímenes cometidos con posterioridad", siempre que exista ese vínculo.
La CPI refuerza la posición de la Fiscalía para continuar investigando los presuntos crímenes cometidos en Palestina, sin reiniciar plazos ni procedimientos. En la práctica, esto mantiene abiertas las investigaciones y respalda las decisiones ya adoptadas, incluidas las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, en un momento en que la Corte está en el centro del debate por las reacciones de Estados como Rusia y Estados Unidos a sus investigaciones sobre Ucrania y Palestina.
