El Congreso de la República aprobó recientemente un préstamo por US$400 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para financiar el Programa de Infraestructura Rural y Movilidad para el Buen Vivir. Este programa está orientado a mejorar la conectividad y el desarrollo de las comunidades rurales del país.
La medida se enmarca en los esfuerzos del gobierno por reducir la brecha digital y garantizar un acceso más equitativo a los servicios básicos en zonas alejadas. Según las autoridades, el crédito internacional permitirá impulsar proyectos de infraestructura de telecomunicaciones, caminos y puentes que beneficiarán directamente a miles de familias rurales.
Sin embargo, el préstamo también implica un aumento en el endeudamiento externo del país. Datos oficiales indican que la deuda pública total alcanzó el 35,8% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2022, con un importante componente de obligaciones contraídas con organismos multilaterales como el BIRF.
Analistas económicos advierten que si bien la inversión en conectividad rural es fundamental, el gobierno debe mantener un control riguroso sobre el nivel de endeudamiento para evitar poner en riesgo la sostenibilidad fiscal a mediano y largo plazo. Destacan la importancia de garantizar una ejecución eficiente de los recursos y de priorizar proyectos con el mayor impacto en el desarrollo de las comunidades.
El Programa de Infraestructura Rural y Movilidad para el Buen Vivir forma parte de la estrategia gubernamental para cerrar las brechas de desigualdad entre zonas urbanas y rurales. Autoridades confían en que, a través de esta iniciativa, miles de ciudadanos en el campo podrán acceder a mejores servicios de conectividad, educación y salud, impulsando así su bienestar y calidad de vida.
