El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, fue trasladado bajo fuerte seguridad al Centro Federal de Readaptación Social número uno, El Altiplano, ubicado en el Estado de México. Este movimiento se produce tras la reciente captura del exmandatario en territorio chihuahuense.
El arresto de Duarte tuvo lugar el lunes 8 de diciembre cuando salía de su casa en el estado que gobernó. Según la Fiscalía General de la República (FGR), luego de su detención, el exgobernador fue movilizado primero a la Ciudad de México y, tras los protocolos de seguridad, fue transportado vía terrestre hasta las instalaciones del penal federal.
La FGR acusa a César Duarte de participar en un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las investigaciones señalan que, presuntamente, usó su cargo para intervenir en la canalización de fondos públicos hacia mecanismos de lavado de dinero, valiéndose del Sistema Financiero Mexicano para intentar ocultar el origen ilícito de esos recursos.
Este no es el primer proceso judicial que enfrenta el exgobernador. Duarte ya había sido capturado anteriormente, el 8 de julio de 2020, en Miami, Florida, EEUU. Posteriormente, fue extraditado a México en junio de 2022 con cargos de asociación delictuosa y peculado, que siguen su curso ante autoridades estatales de Chihuahua.
El reciente proceso en su contra se logró luego de que, el 4 de octubre de 2024, la FGR tramitara la autorización correspondiente ante el gobierno estadounidense para procesar a Duarte Jáquez por delitos distintos a los ya mencionados. La autorización fue concedida el 4 de diciembre de 2025, abriendo la puerta a cargos relacionados con el presunto desvío y encubrimiento de recursos públicos.
A través de sus redes sociales, Ernestina Godoy, titular de la FGR, hizo público el operativo y el contenido del informe oficial, enfatizando la continuidad del caso y subrayando el compromiso institucional con el seguimiento judicial. El proceso actual contempla la revisión de los cargos por operaciones financieras irregulares y la intervención sistemática en la administración estatal de fondos, mientras la defensa legal de Duarte prepara su estrategia para enfrentar los nuevos procedimientos judiciales en la jurisdicción federal.
