Washington mantiene al país entre los que “fallaron demostrablemente” en sus compromisos antidrogas, aunque reconoce una mayor cooperación con el gobierno de Rodrigo Paz
15 de septiembre de 2026 (AJAM).- Un operativo de fiscalización de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), a través de la Dirección Departamental La Paz y con apoyo de la Policía Boliviana, intervino puntos de las cuencas Orkojahuira e Irpavi, donde se identificó maquinaria pesada, sistemas de lavado, estructuras subterráneas y movimiento de material vinculados a actividades mineras. La intervención se realizó a raíz de denuncias difundidas en redes sociales que alertaron sobre posibles operaciones en estos sectores. En la cuenca Orkojahuira, en inmediaciones de la planta de tratamiento de agua potable de EPSAS, sector del río Chuquiaguillo, la comisión identificó un chute artesanal, una motobomba conectada a mangueras de gran diámetro y una poza con agua turbia, elementos relacionados con el lavado de material mineralizado. La inspección también llegó a la cuenca Irpavi, donde, en el sector de las Represas de Hampaturi, se verificó la bocamina denominada “Mina Solución”, además de estructuras subterráneas y campamentos, aunque en este punto no se evidenció actividad minera activa durante la inspección. Posteriormente, en otro sector del río Hampaturi, se constató movimiento de material aluvial y la presencia de retroexcavadoras, volquetas, chutes, motobombas y tolvas de lavado, aparentemente destinadas a la recuperación de oro. La comisión también identificó un cuadro minero oculto equipado con un guinche, aparentemente destinado a labores extractivas subterráneas. whatsapp_image_2026-09-16_at_1.56.29_pm.jpeg El informe de la comisión de fiscalización señala que la intervención permitió verificar en territorio “la existencia de diferentes equipos, estructuras y elementos vinculados a actividades mineras en los puntos inspeccionados”, como parte de las verificaciones realizadas durante el operativo. Como resultado de la fiscalización, la AJAM verificó que los puntos donde se desarrollaban las actividades observadas no cuentan con derecho minero que habilite su operación, por lo que procedió con las notificaciones de cese de actividad minera ilegal correspondientes. Ante la continuidad de las actividades, la autoridad minera procederá a la emisión de la Resolución de Suspensión de Actividades Mineras y asumirá las acciones legales que correspondan. Durante este operativo se registraron momentos de resistencia y agresiones contra el personal de fiscalización en el sector del río Hampaturi, situación que requirió el apoyo policial para garantizar el desarrollo de la intervención. La AJAM continuará con el seguimiento de los puntos intervenidos y con las acciones de control para verificar el cumplimiento de las disposiciones emitidas.
16 de septiembre (Urgente.bo).- El viceministro de Transparencia, Yamil García, denunció este miércoles un daño económico de más de Bs 200 millones ocasionado por la empresa pública Yacana, creada con el objetivo de impulsar la industrialización y comercialización del complejo de camélidos. Ante este hecho, la autoridad identificó a cinco presuntos implicados y no descartó convocar a exautoridades. García explicó que Yacana recibió financiamiento mediante un fideicomiso del Fondo para la Revolución Industrial Productiva (Finpro ) para la construcción de una planta ubicada en Cayutaca, municipio de Laja, en La Paz. “Esta es una nueva denuncia que estamos presentando ante el Ministerio Público contra la empresa pública Yacana. Esta genera un daño económico superior a los 200 millones de bolivianos de recursos públicos”, señaló García. whatsapp_image_2026-09-16_at_1.48.12_pm.jpeg El viceministro indicó que se detectaron varias irregularidades en el caso. Entre las principales se encuentra la adquisición de maquinaria, debido a que el contrato inicial establecía que los equipos debían ser de origen y fabricación 100% europeos. Sin embargo, según la denuncia, el 86% de las máquinas adquiridas son de origen y fabricación china. Asimismo, se detectó equipamiento inadecuado para camélidos en Bolivia y un funcionamiento deficiente para el presupuesto asignado a la empresa y su infraestructura. “Se recibió una maquina descerdadora de para procesar pelo corto de camello, no de llama. Existe una diferencia. Además, tenían que entregar 216 máquinas en total y solo habían 90. 26 máquinas recibidas y pagadas no existen y de las 90 máquinas que, si existen, 20 jamás funcionaron”, denunció mediante una conferencia de prensa. Asimismo, se detectaron irregularidades en la adquisición de materia prima. La autoridad indicó que en 2018 Yacana compró fibra con un valor mayor a Bs 4 millones a pesar que la planta no contaba con la capacidad para almacenar ese volumen. La acumulación provocó pérdidas por las condiciones de almacenamiento. “A causa de humedad excesiva, hongos, polvo, polillas, se han devaluado estos bienes, se han perdido sus propiedades, por lo que este capital también ingresó a pérdida”, explicó. Ante todos estos hechos, García manifestó que se observó daño económico desde el inicio del proyecto y, con base a los informes se llegó al resultado de un porcentaje bajo y deficiente del funcionamiento de la planra. “Observamos daño económico desde la concepción y ejecución del proyecto. Datos respaldados en informes hacen referencia que esta descerdadora de pelo de camello jamás funcionó y provocó que esta empresa entre en el colapso operativo crónico. Esta planta opero solo con el 7%, más del 90% de la capacidad de esta planta, esta o estuvo en un estado de osocidad”, señaló. La denuncia identificó preliminarmente a dos exejecutivos, uno de ellos vinculado con el inicio del proyecto y otro que asumió la gerencia general. Además de tres ingenieros contra los que plantea responsabilidades. “Denunciamos como delitos conducta antieconómica, el contrato lesivo al estado, así como incumplimiento de deberes. Solicitamos que el Ministerio Público pueda activar todos los mecanismos procesales para asegurar la presencia de los imputados en esta investigación y proceder a la anotación de sus bienes y cuentas para que el estado pueda recuperar este daño económico”, aseguró. Para finalizar, no descartó que se convoque a exautoridades ministeriales para que sean denunciadas en el caso.
16 de septiembre (Urgente.bo)- A pocas horas para la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), algunas bancadas como APB Súmate y parte del PDC adelantaron que apoyarán el alargamiento del estado de excepción, sin embargo, Alianza Unidad, Libre y Alianza Popular analizarán su postura luego del informe que presentará el Ejecutivo. bloqueo_22_de_j.jpg Desde APB Súmate informaron que la medida será aprobada ya que se busca dar seguridad a la población. “Queremos que la gente que está preocupada esté más tranquila, pensamos, así sea simbólico el estado de excepción porque lo han transgredido, pero es necesario un marco político necesario”, sostuvo el diputado de APB Sumate, Freddy Camacho. No obstante, desde la Alianza Popular, el diputado Rolando Pacheco adelantó que la ampliación será rechazada y recordó que su bancada presentó una acción inconstitucional abstracta al considerar que la medida que ya cumplirá 90 días, vulnera la vida. Además, criticó que el Gobierno no haya hecho una rendición de cuentas sobre la disposición dictada en medio de conflictos. “Tiene miedo el Presidente a que lo tumben, la gente saldrá a las calles por hambre, por necesidad”, indicó. La senadora del PDC, Ana María Crispín, criticó que el Presidente no presentó los informes técnicos que expliquen qué se obtuvo con el estado de excepción. “El estado de excepción siempre tiene que presentar un o informe que justifique, que Evo (Morales), que el evismo, ¿si tanto miedo tienen miedo por qué no ejecutan las órdenes de aprehensión?”, dijo Crispín. Sobre esa misma línea, el diputado de Alianza Unidad, Álvaro Casasola, dijo que el informe es imprescindible para que la bancada tome una determinación. “Es importante tener una respuesta transparente. No queremos convulsiones, que la gente se perjudicada con bloqueos, lo que exigimos es que dé un resumen, que haga las cosas bien, que diga por qué se exige, si el informe es incompleto, el criterio será que no hay coherencia para ampliar el estado de excepción”, dijo. La senadora Tomasa Yarhui, de Libre, adelantó que, con la presencia de ministros en la sesión de esta tarde, se aprovechará para realizar preguntas y cuestionar ciertos aspectos del estado de excepción. Posteriormente, dijo que la bancada hará una reunión de emergencia para determinar su posición.
16 de septiembre (Urgente.bo).- El alcalde de El Alto, Eliser Roca, aseguró que desde la municipalidad no se encuentran en mora con la Empresa de Aseo Urbano Trébol. Además, advirtió que, si la empresa no se hace cargo de sus labores, la Alcaldía podría rescindir el contrato. “Nosotros nos hemos reunido con la empresa Trébol mediante nuestra Secretaría Municipal de Medio Ambiente. Les hemos dicho bien claro que la planilla que hicieron ingresar fue el 3 de agosto y, de acuerdo al contrato, tenemos 60 días para pagar. Hasta hoy se han cumplido 44 días. Es decir, estamos en plazo”, señaló Roca. Ante la falta de recojo de basura como medida de protesta por parte de los trabajadores, advirtió que, si no se cumplía con la recolección de residuos, se podría rescindir el contrato. whatsapp_image_2026-09-16_at_11.58.04_am.jpeg “Bueno, la normativa dice que tres días que no hagan el recojo de basura de la empresa Trébol tenemos la posibilidad de poder rescindir el contrato, de que no se hace el trabajo efectivo. Hasta yo lo he evidenciado, cada vez tengo que estar reportando que no han recogido los contenedores”, aseguró. Con respecto a los trabajadores que causaron destrozos en inmuebles municipales, el burgomaestre manifestó que son 21 personas detenidas. Además, aclaró que serán las autoridades policiales y judiciales quienes se hagan cargo de los movilizados y determinen si deberán pagar por los daños ocasionados. “Ya se hizo la denuncia el día de ayer. Han sido trasladadas a la FGC 21 personas y son las autoridades judiciales quienes tomarán las determinaciones”, finalizó la autoridad.
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Campesinos y cocaleros anunciaron que están listos para salir a las calles en rechazo al Gobierno de Rodrigo Paz, independientemente de que se amplíe o no el estado de excepción....
El Gobierno movilizará fuerzas militares especiales antiterroristas hacia San Ignacio de Velasco, en el departamento de Santa Cruz, para apoyar a la Policía ante el incremento de la violencia y sicariato registrado en esa zona, informó el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano.
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