El senador de Fuerza Popular, Víctor Flores, destacó la importancia de la próxima gira internacional de la presidenta Keiko Fujimori al exterior, la cual contempla visitas oficiales a El Salvador y España entre la última semana de octubre y la primera semana de noviembre.
El Gobierno aprobó el reglamento que pone en vigencia la Ley 1680 que protege a hijas e hijos que quedaron huérfanos a causa del feminicidio y de otros delitos contra la vida. Esta normativa prevé un bono económico mensual, además de otros beneficios alimentarios, de salud y educación. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, dijo que el reglamento permite operativizar la Ley 1680 y establece los mecanismos para que los niños, niñas y adolescentes huérfanos por feminicidio accedan a los beneficios previstos, como el bono mensual equivalente al 20% del salario mínimo nacional vigente, a un paquete alimenticio mensual para menores de 5 años equivalente al 20% del subsidio de lactancia, además del acceso a servicios de salud y la inscripción inmediata al sistema educativo. La coordinadora nacional de la Fundación Voces Libres Mercedes Cortez, una de las más de 50 instituciones que conforman la Alianza por los Huérfanos de Feminicidio en Bolivia, aplaudió la aprobación de la reglamentación y recordó que contar con la Ley 1680 ha significado dos años de peregrinación, de desarchivar proyectos que anteriormente fueron rechazados, trabajar arduamente en la redacción, llevar el dolor de las víctimas al papel y hablar de cada situación que enfrentan las familias luego de un feminicidio. Luego, significó trabajar tres meses en la reglamentación y una espera de otros siete meses para su revisión y aprobación".La Ley 1680 de Protección Integral y Reparación para Hijas e Hijos Huérfanos de Feminicidio y otros delitos contra la Vida fue promulgada el 5 de noviembre de 2025 y garantiza la protección inmediata de esta población tan vulnerable, con un bono económico, terapia de sanidad y seguimiento en un entorno familiar seguro. huerfanos.jpg El 4 de marzo de 2026, la Alianza por los Huérfanos de Feminicidio en Bolivia, el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, la Defensoría del Pueblo y otras instituciones presentaron ante el Ministerio de la Presidencia una propuesta de reglamentación de la Ley 1680. "Hemos trabajado en sesiones virtuales y presenciales, cada aporte ha sido significativo. El de la experiencia de Voces Libres que ha trabajado los últimos 8 años cuidando a más de 80 huérfanos, el de cada institución de la Alianza, el de la Defensoría del Pueblo, del Tribunal departamental de Justicia de Cochabamba, de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV). Agradecemos de manera especial a la Dra. Jessica Echeverría porque ella no ha esperado, llevaba días en sus funciones como viceministra de Igualdad de Oportunidades y junto a un personal técnico muy capacitado, nos han convocado a sus oficinas. Y hemos ido con jueces, policías, psicólogas, trabajadoras sociales y, entre todos, hemos trabajado uniendo todos los borradores y luego validando la propuesta final de la reglamentación”, describió Cortez. La Alianza por los Huérfanos de Feminicidio en Bolivia, fundada el 10 de octubre de 2023, a iniciativa de la Fundación Voces Libres, Red Etbol y el Observatorio para la Exigibilidad de ls Derechos de las Mujeres, logró aglutinar a más de 50 instituciones pública y privadas de todo el país. "La Alianza vigilará que la Ley 1680 y el reglamento se plasmen en una realidad que transforme las vidas de estos niños y adolescentes que al fin dejarán de ser invisibles”, concluyó Mercedes Cortez. Desde la aprobación de la Ley 348, el año 2013, hasta septiembre de 2025, en Bolivia hubo 1.113 feminicidios que han dejado un estimado de 1.600 huérfanos (según un cálculo matemático con base en la tasa de maternidad). Es necesario efectuar un nuevo cálculo para añadir a los nuevos huérfanos de las víctimas del último año. La ley 1680 cubre a hijas e hijos huérfanos por feminicidio, por homicidio (hombres cuya muerte es provocada por su pareja) o por homicidio-suicidio (cuando la persona se suicida orillada por la violencia de su pareja). Registro oficial en el Sistema de Información de Niñas, Niños y Adolescentes de Bolivia (SINNA). Les da un bono económico mensual equivalente al 20% del salario mínimo nacional de forma inmediata, sin esperar que la sentencia sea ejecutoriada. Paquete alimentario equivalente al 20% del subsidio de lactancia para los beneficiarios menores de 5 años. Terapia psicológica y de reinserción en sus domicilios, gracias a equipos profesionales multidisciplinarios móviles. Garantía de acceso a servicios de salud y educación. Acceso a mecanismos que aseguran la custodia provisional, la tutela y la protección de sus bienes sucesorios. En aquellos casos en los que ya hay sentencia ejecutoriada o los hijos en hijas ya han prestado declaraciones, la tutela también podrá ser solicitada y ejercida por la familia paterna, previo informe psicológico y social. Los beneficios de la Ley 1680 están previstos hasta los 18 años (o 25, si siguen estudiando).
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Jueves 08 de Octubre de 2026 - 10:44am La Gobernación del Magdalena, a través de la Alta Consejería para la Paz y los Derechos Humanos, sostuvo una reunión de articulación con la representante territorial de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el departamento, con el propósito de avanzar en el cumplimiento de las sentencias emitidas por el tribunal de paz en favor de las víctimas del conflicto armado en el departamento. Durante el encuentro se revisaron los avances procesales de los diferentes macrocasos de la JEP en los que participan víctimas del Magdalena, así como las oportunidades de cooperación institucional para apoyar la implementación de las sanciones propias y los proyectos restaurativos contemplados en las decisiones judiciales. Uno de los temas centrales fue la sentencia correspondiente al Caso 03, Subcaso La Pola, relacionado con ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) ocurridas en el Magdalena. Allí se definió gestionar recursos y apoyo institucional para iniciativas de memoria histórica, dignificación y acompañamiento integral a las familias afectadas. “Desde la Alta Consejería vamos a gestionar para hacer posible este cumplimiento. Igualmente, vamos a trabajar articuladamente en territorio, en Fundación y en Ciénaga, para realizar actividades con las víctimas”, afirmó Yoelmi Jiménez, alto consejero para la Paz y los Derechos Humanos. Entre los compromisos adquiridos están el impulso a proyectos restaurativos, el fortalecimiento de unidades productivas para comunidades víctimas y el desarrollo de acciones simbólicas de memoria. En este último componente, se planteó la posibilidad de que la Gobernación del Magdalena apoye la instalación de una placa conmemorativa destinada a reconocer la memoria y reivindicar el buen nombre de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales. La JEP proyecta instalar diez placas de este tipo en distintas ciudades del Caribe colombiano como medida de reconocimiento y dignificación. Por su parte, Eliana Toncel Mozo, enlace territorial de la JEP en el Magdalena, destacó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto que ambas instituciones han desarrollado durante más de cuatro años: “La intención es actualizar y fortalecer los lazos de articulación que la JEP ha venido sosteniendo con la Gobernación del Magdalena, en especial con la Alta Consejería para la construcción de paz y defensa de los derechos humanos, en materia de acercamiento a las víctimas y su participación en los diferentes macrocasos”, señaló. Judicial Víctimas del Conflicto Gobernación del Magdalena JEP Reparación magdalena Gestionarán apoyos para proyectos restaurativos, iniciativas productivas y acciones de memoria histórica que contribuyan a la dignificación. Visible: Sí Lindaospino
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